Félix Ávila analiza la Ley de Amnistía Política y destaca el mensaje claro del fiscal general: sigue vigente
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El abogado penalista Félix Ávila ofreció un análisis sobre las recientes declaraciones del fiscal general de la República, Joel Zelaya, respecto a la Ley de Amnistía Política, subrayando que el mensaje del fiscal es claro: la amnistía es una ley vigente y no se tomará ninguna acción en su contra mientras no sea derogada.
Ávila explicó que Zelaya dejó en claro que el Ministerio Público no presentará requerimientos fiscales que puedan vulnerar la ley de amnistía, ya que está respaldada por el Congreso Nacional. Sin embargo, el abogado puntualizó que la aplicación de dicha ley queda en manos de los tribunales de justicia, lo que ha generado inconsistencias en su implementación.
«El problema radica en la interpretación de los jueces», dijo Ávila, al referirse a la disparidad en su aplicación. Señaló que, en Tegucigalpa, la amnistía ha sido otorgada en ciertos casos, mientras que, en San Pedro Sula, un caso similar, como el del exalcalde Rodolfo Padilla Sunseri, no fue beneficiado por la misma medida. Esta diferencia ha generado incertidumbre y cuestionamientos sobre la coherencia de la ley en las distintas jurisdicciones del país.
Ávila también destacó el rol de la Corte Suprema de Justicia, que tendrá la última palabra en torno a los amparos relacionados con la amnistía. La Sala Constitucional deberá decidir sobre estos casos, aunque el abogado advirtió que los intereses políticos podrían influir en las decisiones del pleno de la Corte.
El penalista también mencionó las denuncias presentadas por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) contra jueces que han otorgado amnistía, acusándolos de posible prevaricato por aplicar incorrectamente el decreto. Sin embargo, Ávila señaló que no se puede afirmar que los jueces hayan incurrido en prevaricato solo por haber sido denunciados, ya que para que exista prevaricato es necesario comprobar que se emitió una sentencia arbitraria e ilegal.
Finalmente, Ávila subrayó que el mayor desafío es evitar que la amnistía se convierta en un instrumento para exonerar a unos y castigar a otros, incluidos los jueces que la aplican. «Lo esencial es que la ley se aplique con justicia y no como un medio para perseguir o proteger a determinadas personas», concluyó.
