Recibe actualizaciones en tiempo real directamente en tu dispositivo, suscríbete ahora.
¿Acaso no es urgente llegar a un pacto sobre políticas públicas que tengan como su basamento la incorporación de todos los actores de la educación: Gobierno, docentes y estudiantes?
Sí lo es. Pero también es inaplazable que los padres de familia y las alcaldías asuman un rol mucho más significativo en la administración del aparato de enseñanza-aprendizaje.
Expertos en la asignatura cuestionan que Honduras haya disminuido ostensiblemente el porcentaje de inversión de los recursos en la formación y desarrollo de capacidades de los niños y de los jóvenes.
Hace unos años, el país destinaba el 8.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB)a la educación. Hoy día, ese índice es de nada más 5.3 por ciento.
Los especialistas en Pedagogía y en Tecnología de la Educación recriminan que el Gobierno privilegie los mayores esfuerzos financieros en el área de la seguridad y no a la edificación de la “sociedad del conocimiento”.
Otra de las flaquezas que presenta la educación hondureña es que la asistencia de la población de niños y jóvenes ya no es vista como una prioridad y un derecho para acceder a la luz del conocimiento para el desarrollo.
Dicho estado de indiferencia, lleva a los conocedores de la materia a realizar un llamado para que las municipalidades se involucren con más empoderamiento en la educación, a la vez que se convoca a los padres de familia a inscribir a sus hijos en las escuelas y colegios.
En los últimos años el sistema ha perdido a más de 420,000 estudiantes. En 2009, el sistema tenía 2.2 millones; hoy día, esa población ha bajado a un millón 700,000 niños y jóvenes.
Unos, se han retirado de las aulas de clases porque han emigrado; otros, por motivos de la pobreza que se ha extendido y agudizado en el país.
Honduras no avanzará hacia una reforma educativa mientras no se mejoren los aprendizajes y en tanto no exista una nueva estructura con la participación de todos los actores del sistema.