Exfiscal Edmundo Orellana Advierte sobre Impacto Retroactivo de la Inconstitucionalidad de las ZEDEs
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Tras la reciente decisión de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de declarar inconstitucionales las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDEs) en el ámbito de la educación superior, el exfiscal general Edmundo Orellana ha expresado serias preocupaciones sobre las posibles consecuencias de esta sentencia.
La resolución, que fue aprobada por mayoría, responde a un recurso interpuesto por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), que argumentó que las ZEDEs vulneran atribuciones exclusivas de la Constitución. Aunque la decisión aún debe ser evaluada por el pleno de magistrados, ha generado un intenso debate entre juristas y expertos legales en el país.
Edmundo Orellana, exfiscal general y exministro de Transparencia, reflexionó sobre el fallo en su cuenta de X (anteriormente conocida como Twitter). En su comentario, advirtió que la aplicación retroactiva (ex tunc) de la sentencia podría tener graves implicaciones para la seguridad jurídica del país. «Si la Sala resuelve contraviniendo directamente normas constitucionales, es indicio de que el arbitrio de los magistrados ha sustituido los valores y principios constitucionales», señaló Orellana, comparando la situación con la actuación de la Sala Constitucional anterior.
Orellana explicó que, si se aplica como regla general el efecto retroactivo, podría anularse de pleno derecho todo lo que se haya consolidado jurídicamente durante la vigencia de la norma ahora declarada inconstitucional. «Las sentencias anularán, no derogarán, con consecuencias devastadoras para la seguridad jurídica», enfatizó.
Además, el exfiscal cuestionó la decisión de la Sala Constitucional de aplicar efectos retroactivos a la sentencia, señalando que el artículo 316 de la Constitución de Honduras establece que las sentencias de inconstitucionalidad deben tener efectos derogatorios (ex nunc) y no retroactivos. «El vicio de ayer, hoy se legitima: reformar la Constitución vía sentencia de la Sala», concluyó Orellana, manifestando su preocupación por las posibles repercusiones de esta decisión en el orden legal del país.
