Evitar que niños sean “reclutados” por maras y el crimen organizado recomienda CONADEH

0 61

Tegucigalpa, Honduras.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, dijo hoy que el tema de la edad punible debe ser objeto de un debate público y que lo importante, en este momento, es evitar que tanto el crimen organizado como las “maras” sigan “reclutando” niños para que se incorporen en sus actividades delictivas.

El ombudsman hondureño es del criterio que el problema no solo debe ser analizado en torno a la edad si no determinar las causas que está llevando a la niñez a ser conducida por ese camino de la violencia delincuencial.

Declaró que en las actuales circunstancias, tanto el crimen organizado como las maras y pandillas tienen amenazadas familias enteras que se oponen a que sus niños se incorporen a las actividades delictivas que esos grupos realizan.

Otro aspecto mencionado por el defensor del pueblo es que muchos niños están “huyendo” de sus lugares de origen como quedó evidenciado en los últimos meses.

Ya tuvimos la manifestación categórica con la niñez no acompañada y vimos en las fronteras y en los lugares que visitamos, que muchos de ellos aducen que huyen del reclutamiento por parte de las maras o pandillas o bien del crimen organizado, expresó.

Ante todos los hechos que están ocurriendo en el país, el defensor del pueblo se preguntó si realmente el Estado le está dando la debida protección a la niñez hondureña.

En su criterio es el momento del gran debate sobre esas condiciones que nos están privando a los hondureños del recurso humano más valioso que es la niñez.

Agregó que para proteger la sociedad se debe retomar no solo el tema de la prevención del delito sino que la prevención en general.

Explicó que es necesario pasar del concepto de seguridad pública, que solo tiene en cuenta el orden público, al de la seguridad democrática que ve, sobre todo, como proteger a las personas.

Hasta ahora las leyes y los convenios internacionales establecen que no hay responsabilidad penal para los niños menores de 12 años y si hay una responsabilidad por infracción en aquellos casos de acciones cometidas contra la ley entre los 12 y los 18 años.

Herrera Cáceres admitió que en Honduras hay niños que están participando en actos de violencia delincuencial.
Lo importante, según el defensor del pueblo es que, por una parte, se tomen en cuenta las condiciones que llevan a los niños a participar en actos de violencia y también las condiciones que la misma sociedad crea para favorecer que esos niños ingresen en estas actividades delictivas.

“Más que un criterio de edad lo importante es determinar si la sociedad y el Estado están cumpliendo con su función de proteger a los niños” señaló.

Acto seguido se preguntó que si niños que han cometido infracciones están siendo atendidos debidamente para rehabilitarlos y reinsertarlos a la sociedad.

Según el ombudsman hondureño, de acuerdo con las consideraciones actuales, en materia de derechos humanos, hay un interés superior del niño que hay que preservar.

Declaró que la falta de interés del Estado, la familia y la comunidad para proteger a su niñez ha motivado y favorecido el ingreso de menores en actividades delictivas.

Lo importante es que nos hagamos un examen de conciencia del por qué no estamos protegiendo debidamente a nuestra niñez para prevenir que entren en actividades delictivas, apuntó.

Herrera Cáceres fue contundente en su llamado de no tomar determinaciones precipitadas sin verificar la responsabilidad del Estado y la familia frente a la niñez.

La inseguridad ciudadana es una preocupación legítima que afecta a la población en general y por ende al gobierno, directamente o indirectamente en sus niveles de gobernabilidad.

El problema se torna complejo si se toma en cuenta que en los últimos años muchos crímenes son cometidos por jóvenes menores de 18 años.

Un estudio realizado por el INHFA, y el Ministerio Público determinó que entre 1996 y 1999 se presentaron ante la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC) alrededor de 42,000 denuncias de delitos, de los cuales el 5.5% de los inculpados eran personas menores de 18 años.

En 1998, de 5,000 personas que fueron halladas in fraganti al momento de cometer un delito o infracción, el 16% eran niños.

Un estudio cualitativo de la justicia penal juvenil, realizado por la Corte Suprema de Justicia en coordinación con el Ministerio Público en el año 2001 determinó que, de septiembre de 1996 a mayo del 2002, a menos, 12, 320 casos de adolescentes infractores estaban en proceso de judicialización.

Según el documento, de los 12,320 casos el 48.43% estaban en su fase preparatoria, 1,398 casos (11.43%) en etapa de juicio y en ejecución de medidas 4,922 (20.25%)

Las principales infracciones cometidas por los adolescentes en el período de 1996-2001 fueron el robo y el hurto en un 22.9% de los casos, lesiones en un 11.4%, amenazas en 4.8%, daños a la propiedad en 6.5%, tráfico de estupefacientes 1.7% y un 10% vinculados en asesinatos y homicidios.

Deja una respuesta

Su dirección de correo electrónico no será publicada.