Estudiantes de la UCV recaban firmas en contra del uso de armas en protestas

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Venezuela

Un grupo de estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV) comenzó este sábado la recolección de firmas para solicitar la nulidad de la resolución que permite a las fuerzas armadas el uso de la fuerza «potencialmente mortal» para controlar manifestaciones.

«El movimiento estudiantil venezolano en pleno hoy está anunciando la recolección de firmas para solicitar la nulidad de la resolución 8610 que aprobó el ministro de la defensa (Vladimir) Padrino López y que permite el uso de armas de fuego en manifestaciones», dijo el presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCV, Hasler Iglesias.

«El movimiento estudiantil venezolano en pleno hoy está anunciando la recolección de firmas para solicitar la nulidad de la resolución 8610»

Los estudiantes han comenzado esta campaña después de que la semana pasada fuera asesinado a manos de la policía Kluiberth Roa, un adolescente que participaba de una manifestación junto con sus compañeros en San Cristobal, en Táchira.

El crimen conmocionó al país, ya convulsionado por el aniversario de las protestas del año pasado y por las denuncias de un supuesto «golpe de Estado» agitado por el gobierno de Nicolás Maduro.

Además de la recolección de firmas, los estudiantes han presentado otro recurso contra la resolución 8610 del Ministerio de Defensa ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

«Esta semana vimos cómo un joven tachirense cayó asesinado por la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en San Cristóbal con un arma de fuego», dijo Iglesias a periodistas.

«Esta semana vimos cómo un joven tachirense cayó asesinado por la Policía Nacional Bolivariana con un arma de fuego»

Para la presentación ante el TSJ, los estudiantes convocaron además a juristas, académicos y opositores.

«El día de ayer se introdujo una demanda en el TSJ, vamos a llevarla a todas las instancias que nos competen e incluso a nivel internacional, para que entendamos la grave violación a los derechos humanos que está permitiendo esta resolución», señaló.

Iglesias dijo que «los derechos están siendo violados» para todos los que creen «que las cosas se están haciendo mal en Venezuela» y que salen a manifestarse en las calles.

El defensor del Pueblo venezolano, Tareck William Saab, aseguró ayer que la resolución no guarda relación con la muerte del adolescente llamado Kluiberth Roa, ya que esta regula la actuación de las fuerzas armadas y no de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), cuerpo al que pertenece el acusado de ser el autor de su muerte.

El disparo contra el adolescente venezolano fue efectuado supuestamente por un agente de la PNB, el cual fue detenido el mismo día e imputado.

Otro grupo de estudiantes exigió el miércoles la destitución del director de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), cuerpo al que pertenece el acusado de la muerte del joven.

Por su parte, la líder opositora María Corina Machado junto a otros dirigentes, están convocando a participar de otra recolección de firmas, en ese caso, del llamado «Acuerdo Nacional para la Transición».

Dicho documento había sido lanzado el 11 de febrero pasado, con las firmas de Corina Machado, Leopoldo López y Antonio Ledezma, el alcalde de Caracas, y había despertado el enojo del gobierno de Maduro, que un día después ordenó el arresto de Ledezma.

«Hacemos un llamado para que pongamos en marcha, con la urgencia del caso, un Acuerdo Nacional para la Transición»

«Hacemos un llamado, sin distingos políticos y trascendiendo las diferencias, para que pongamos en marcha, con la urgencia del caso, un Acuerdo Nacional para la Transición en el que esté representada la unidad de todos los ciudadanos de Venezuela», señalaron los dirigentes en una misiva firmada por los tres.

La propuesta plantea un cronograma de «acciones concretas» que busca «comenzar la reconstrucción del país», entre ellas, «una agenda para atender la emergencia social y asegurar la atención eficaz a los sectores más vulnerables» y una «agenda económica enfocada en estabilizar la economía, recuperar el ingreso familiar y generar confianza en el país».

Asimismo, sugiere una «agenda política-institucional dirigida a restituir las libertades conculcadas, la soberanía, la paz social y el Estado de derecho».

La crisis del país se ha profundizado en los últimos días, cuando nuevas y masivas manifestaciones se desarrollaron en el marco del aniversario de las protestas del año pasado. En el contexto de la crisis económica, que golpea a la ciudadanía a través de la escasez de productos básicos, el gobierno ha endurecido la represión contra los opositores.

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