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El gobierno de los Estados Unidos confirmó la suspensión de la visa estadounidense al diputado por el partido Libertad y Refundación (Libre) y vicepresidente del Congreso Nacional (CN), Rasel Tomé luego que fuera agregado a la “lista Engels”.
Esto tras la publicación del Departamento de Estado de Estados Unidos, del Informe Derechos Humanos 2022, donde señaló que el “Congreso Nacional aprobó una ley de amnistía retroactiva que absolvió de delitos a funcionarios públicos que trabajaron durante el gobierno de Zelaya (2006-09)”. Hasta octubre, al menos 24 acusados utilizaron la ley para que se desestimaran los casos de corrupción.
En ese sentido, el vicepresidente del CN, Rasel Tomé, se refirió este martes al informe del Departamento de Estado de los EEUU en el que critica Ley de Amnistía impulsada por actual gobierno para desestimar casos de corrupción.
“Yo nunca he acudido a la amnistía y mi caso, es un caso político”, manifestó.
El parlamentario explicó que decreto presentado en febrero de 2022 tenía como propósito que condenados por asuntos político fueran liberados.
“De 24 casos que relaciona informe se refiere a personas que los juzgados han considerado que sus juicios tenían motivación política”, indicó.
Tomé manifestó que lista Engel, en la que fue incluido, es “decisión de ellos” y cuando quieran “rectificar su error” que lo hagan. “No tengo prisa en eso, no me preocupa ni me quita el sueño. Tengo maestría en derecho penal y sé bien que es un delito”, expresó.
Fue el pasado 15 de julio de 2022, que el Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó a Tomé en la lista “Engel”, misma que señala a funcionarios de El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Honduras por corrupción y socavamiento de instituciones democráticas.
Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, Rasel Antonio Tomé Flores participó en importantes actos de corrupción cuando usó su cargo como presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones para malversar aproximadamente $327.000 en fondos públicos.
Tomé fue sobreseído por este delito de enriquecimiento ilícito. Sin embargo, fue condenado a tres años de prisión por el delito de abuso de autoridad por la adjudicación de una frecuencia televisiva para usufructo estatal (Canal 8) y que estaba en poder del empresario Elías Asfura.
En el listado también se mencionó a varios exfuncionarios en la administración del expresidente Manuel Zelaya Rosales y a actuales funcionarios en el gobierno de su esposa, Xiomara Castro
