«Entre los mismos transportistas hay bandas rivales que se extorsionan»: Mauricio Oliva

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Tegucigalpa, Honduras.

El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, recalcó este miércoles con las medidas que se contemplan en el articulado de la nueva Ley de Transporte Terrestre de Honduras, se evitará que los motoristas y propietarios de unidades, sean víctimas del mal llamado impuesto de guerra.

Subrayó que una de las medidas de seguridad que contempla la nueva Ley de Transporte Terrestre es que las unidades deberán contar con aparatos de localización satelital conocidos como GPS, de los cuales incluso ya hay algunas unidades que los poseen así como el sistema de código de barras que permiten controlar el ingreso diario de las personas a través de las tarjetas de prepago.

Arguyó que con ese sistema se evitará que haya dinero en los buses porque es el factor detonante para que aumenten la mala práctica del impuesto de guerra porque si al final del día, hay dinero en los autobuses y terminales es tentador para el delincuente para llegar al lugar y apropiarse de manera forzosa y con los resultados que se han vivido los últimos días.

Reconoció que en base a reportes de los servicios de inteligencia del país se sabía que en este problema de extorsión estaban coludidos grupos organizados y pandillas, incluso personas que trabaja en el rubro del transporte por lo que se hace necesario aprobar la ley.

Citó que según los reportes de inteligencia, entre los mismos transportistas hay bandas rivales que se extorsionan.

Oliva reiteró que este miércoles se comenzará a aprobar en tercer y último debate la nueva Ley de Transporte Terrestre, la que permitirá no solo dar mayor seguridad a los hondureños sino ejercer una administración transparente del servicio.

En declaraciones a la radioemisora HRN, Oliva detalló que el proyecto de la nueva ley contiene 103 artículos que tendrán amplia discusión y se espera terminar su debate la próxima semana, antes de su publicación en el diario oficial La Gaceta y luego la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (Insep) concluya la reglamentación de la normativa en un corto plazo.

Para el caso, si se puede focalizar el subsidio en los grupos vulnerables, a personas mayores de 70 años o niños menores de cinco años, discapacitados y estudiantes, no quiere decir que no van a pagar el servicio, sino que el Estado va a asumir ese costo al marcar su tarjeta, obviamente lo recibirán las unidades que estén trabajando.

Por otro lado, se tendrá un dato real de cuánto es la recaudación que hacen estas unidades para que así contribuyan al fisco y aún más, es un control para el lavado del dinero y no aparezca al final del día un propietario de 10 o 15 unidades y diga que le fue muy bien e introduce ese dinero que puede ser de lavado de activos.

Otro aspecto que se plantea es el uso de la tecnología como Wi-Fi, cámaras en tiempo real y el botón de pánico que tienen un costo relativamente mínimo porque en el país ya hay compañías que los fabrican y financian y pueden llegar a arreglos económicos y eso se paga con el mismo subsidio.

Incluso con esos sistemas, van a mejorar de forma sustancial sus ingresos porque han manifestado que son extorsionados hasta por cuatro grupos, que los conductores y cobradores les hacen las cuentas raras y aún así es rentable y ello les permitirá mejorar sus ingresos, incluso prescindir de los ayudantes.

Además de lo anterior, deberán constituirse en sociedades porque no es posible que alguien tenga 100 buses y no este organizado en sociedad mercantil.

Oliva se refirió también a los abusos cometidos durante el paro del martes e indicó que la comisión de dictamen tiene instrucciones de no retroceder en varios puntos y reiteró que el único con potestad de hacer, reformar y o derogar leyes es el Congreso Nacional y cualquier arreglo o consenso fuera de este poder del Estado es ilustrativo y no vinculante.

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