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Estados Unidos
Aparte de los libros que alcance a leer durante sus vacaciones, ya de por sí interrumpidas con crisis como la de Irak, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, tendrá que estudiar estos días de asueto el más que grueso dossier acumulado tras meses de recibir recomendaciones sobre qué medidas puede tomar por sí solo para aliviar las deportaciones de indocumentados, en vista de que el Congreso ha sido incapaz de aprobar una reforma migratoria.
Y es que según ha declarado la propia Casa Blanca, la fecha para anunciar qué órdenes ejecutivas -decretos- emite para paliar la falta de acción de los legisladores será inminente después de las dos semanas de descanso estival que Obama inició en la isla de Martha’s Vineyard.
Sobre todo después de que la inacción del Congreso, que ni siquiera fue capaz de aprobar, antes de irse cinco semanas de vacaciones, una petición de fondos de Obama para afrontar la crisis creada por la masiva llegada de menores indocumentados a la frontera, está siendo ampliamente usada como arma arrojadiza por el bando demócrata.
La gran duda es qué decidirá Obama y hasta dónde se atreverá a ejercer una autoridad presidencial por la que la oposición republicana busca demandarlo ante la justicia, quedándose tan sólo a un paso del impeachment (juicio político).
Hay amplio consenso que la base para cualquier paso es el programa de cancelación de deportaciones de ciertos jóvenes indocumentados que Obama decretó en 2012 y que desde entonces ha beneficiado a más de medio millón de personas.
Para los grupos proinmigración, Obama debería dictar medidas que amplíen este programa conocido por sus siglas en inglés, DACA. Su objetivo es que lleguen a beneficiar a los hasta ocho millones de indocumentados -de los más de 11 millones que se estima viven en EE UU- que podrían haberse acogido a una vía para su legalización mediante la propuesta de ley migratoria aprobada un año atrás en el Senado y que murió este 2014 en la Cámara de Representantes dominada por los republicanos.
Cualquier medida que se dicte debe beneficiar a “millones y millones de personas, no a un pequeño grupo”, sostiene el director de CASA de Maryland, Gustavo Torres.
“El presidente ha deportado ya a dos millones de latinos inmigrantes en seis años, es totalmente inaceptable”, denuncia en referencia a las cifras récord de deportaciones logradas durante el mandato de Obama, pese a que la Casa Blanca asegura que se aplican filtros que han frenado la separación de familias al priorizar la expulsión de indocumentados con antecedentes criminales.
Los grupos de cabildeo a favor de la inmigración, mayoritariamente latinos, blanden la amenaza del peso hispano en las elecciones. Ciertamente, Obama ha reconocido que le debe en buena parte su reelección al masivo apoyo latino en las urnas, un factor que volverá a entrar en juego de cara a la elección del próximo presidente -o presidenta- en 2016.
El problema de estas organizaciones es que el poder del voto hispano no es un factor tan relevante en unos comicios mucho más inmediatos, los parlamentarios del próximo mes de noviembre donde precisamente la amenaza de una “amnistía”, como denominan los más conservadores a cualquier medida que legalice a indocumentados, está siendo usada como efectiva arma electoral en los distritos más a la derecha.
Así lo ve Cristina García, de la Alianza Nacional de Comunidades Latinoamericanas y Caribeñas (NALACC).
Aunque Obama está “políticamente en una buena posición” personal para actuar, puesto que ya no tiene que luchar por ser reelegido y prácticamente está al final de su mandato, los legisladores de su Partido Demócrata “temen perder escaños en noviembre”, explicó durante una charla en el Diálogo Interamericano. “El miedo es que no haga tanto como pueda por miedo a la reacción violenta del otro lado”.