Empresarios argumentan limitaciones para sostener el subsidio de energía gratuita
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En medio de un debate en torno al subsidio de energía eléctrica otorgado a ciertos segmentos de la población, el empresario Allan Macoto ha expresado su preocupación por la carga financiera que representa para el sector empresarial. En una declaración reciente, Macoto destacó que, aunque es importante brindar apoyo a los ciudadanos más necesitados, es necesario establecer un límite temporal para este tipo de subsidio.
Actualmente, bajo la administración de la presidenta Xiomara Castro, los usuarios que consumen hasta 150 kilovatios hora al mes no están obligados a pagar por el servicio eléctrico. Sin embargo, esta medida ha planteado desafíos financieros para las empresas privadas, que han asumido parte de los costos de este subsidio.
Macoto subrayó la importancia de encontrar un equilibrio entre el apoyo a los ciudadanos y la sostenibilidad del sector empresarial. «El pueblo hondureño necesita apoyo, la empresa privada necesita apoyo, con el subsidio a la energía eléctrica, como empresario nos ha tocado estar pagando por el tema de los más pobres, está bien, hagámoslo, pero por un tiempo corto, apoyemos al necesitado por un tiempo corto», declaró el empresario.
Además, Macoto enfatizó la necesidad de que el Gobierno proporcione herramientas adecuadas para que la empresa privada pueda generar empleos y contribuir al crecimiento económico del país.
En cuanto a la transferencia de la labor de recuperación de pérdidas de la Empresa Energía Honduras (EEH) a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Macoto expresó su esperanza de que se tomen decisiones que beneficien al pueblo hondureño en última instancia.
La medida actualmente en vigor, que exime del pago de energía eléctrica a los abonados residenciales que consumen menos de 150 kilovatios hora al mes, fue establecida mediante el Decreto Ejecutivo PCM 30-2022 y se estima que beneficia a alrededor de 1,334,648 clientes de la ENEE. Esta política es financiada en un 60 por ciento por el Gobierno central y en un 40 por ciento por clientes no residenciales de la estatal eléctrica que cumplen con ciertos criterios.
El debate sobre la sostenibilidad de este subsidio continúa, mientras los actores involucrados buscan un enfoque equitativo que brinde apoyo a quienes más lo necesitan sin poner en peligro la estabilidad económica del sector empresarial.
