Cristian Adolfo Sánchez, empresario, fue sentenciado a tres años y nueve meses de prisión por su papel como cooperador necesario en un caso de corrupción en la Secretaría de Salud. La condena fue dictada a través de un procedimiento abreviado por un tribunal de corrupción.
El empresario también recibió una multa de 712,125 lempiras y enfrenta la inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de su pena. Sánchez admitió su participación en una red de corrupción dentro de la Secretaría de Salud, en la que también se encuentra involucrada la exministra Yolany Batres.
La semana pasada, el empresario se declaró culpable a través de un procedimiento abreviado.
El expediente también involucra a otras personas, incluyendo a Gladys Hermelinda Paz Díaz, exdirectora de Marco Normativo de Regulación Sanitaria; Benelio Alvarado Membreño, exadministrador de la Dirección del Marco Normativo; Lolita Vanessa Cordero, excoordinadora de la unidad de información; y los empresarios Héctor Rolando Figueroa Fúnez y Luis Gerardo Zelaya.
La investigación de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) reveló que, entre marzo y septiembre de 2014, los imputados defraudaron al Estado por más de 7.8 millones de lempiras a través de la adjudicación irregular de contratos de consultoría y diseño de software para procesos de vigilancia y control en salud. Los procesos fraudulentos y violaciones a la ley buscaban favorecer a individuos y empresas ficticias. Las empresas beneficiadas nunca entregaron el software, y su valor se infló en un aproximado del 90%.