Elección de la CSJ y la CICIH, vitales para evitar una crisis en Honduras

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Manuel Zelaya Rosales, expresidente de la República y actual asesor presidencial, manifestó que la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), son procesos vitales para evitar una crisis en la nación.

Zelaya Rosales, también coordinador del partido de gobierno Libertad y Refundación (Libre), se refirió al proceso de selección de los aspirantes a magistrados del Poder Judicial a cargo de la Junta Nominadora “no debería tener la población resquemor sobre este tema”, externó.

“El proceso de la Corte Suprema de Justicia es un proceso eminentemente político y se va a definir en el Congreso Nacional, por lo que, a más tardar el mes de diciembre se debe llegar a acuerdos civilizados para la constitución de ese poder del Estado”, subrayó el asesor de la presidenta Castro.

Consecuentemente enfatizó en que “sin el voto de los nacionalistas el Congreso Nacional, no podría elegir la Corte Suprema y estaríamos es una crisis porque se tendría a una CSJ de facto, por eso, debemos llegar a acuerdos políticos civilizados a más tardar el mes de diciembre”.

Descartó que el proceso para la instalación de la CICIH este paralizado, asegura están trabajando “hay una misión para eso y otra para el Fondo Monetario Internacional (FMI)”, externó, al tiempo que refirió que desde el gobierno se hacen acciones para luchar por los migrantes.

¿Es importante la llegada de la CICIH para retornar a la cuenta del milenio? Se le consultó a Zelaya y respondió que el mecanismo internacional debe concretarse lo más pronto posible ya que “le va a dar seguimiento a todas las sospechas y proceso de investigación sobre presuntos actos de corrupción que haya en el país”.

Finalmente “la idea es que la CICIH nos pueda investigar a todos abiertamente”, puntualizó y concluyó en que la reforma constitucional que propone la diputada Xiomara Hortensia (su hija), demuestra la voluntad política que tiene el actual gobierno para que se instale una misión independiente y con suficientes facultades.

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