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Tegucigalpa, Honduras.
La rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, manifestó que para la instalación de una comisión internacional que investigue los casos de corrupción en Honduras, el Estado debe aceptar que ha fracasado en el combate a la impunidad.
Durante una entrevista junto con Carlos Hernández, representante de Transparencia Internacional, la socióloga se refirió al tema de la comisión internacional que ha propuesto el fundador del Partido Anticorrupción (PAC), Salvador Nasralla, y sostuvo que para el establecimiento de dicha comisión, el Estado debe aceptar que ha sido incapaz de resolver la problemática del país.
“Para la instalación de una comisión internacional que combata la impunidad en un país, hay que partir de dos premisas, primero el Estado acepte que es incapaz de hacerlo internamente y que ha fracasado y la segunda premisa es que el Estado tenga realmente la voluntad y la decisión para enfrentar este problema”, señaló la académica.
Asimismo opinó que quienes se opondrían a la referida comisión internacional son personas que defienden intereses propios, más allá que los del país, “habría todo un desfile de patriotas defendiendo la patria, la dignidad, la expuesta de manera internacional, y en el fondo estos sectores lo que defienden es sus propios intereses”, sostuvo castellanos.
La rectora de la UNAH aseguró que “el Estado históricamente se ha resistido a someter a sus elites a la justicia”, y que tanto las alcaldías de Tegucigalpa y San Pedro Sula, así como la Secretaría de Salud y otros ministerios han servido como fuentes de enriquecimiento para políticos y empresarios.
Ex fiscal Aldana
Castellanos también habló sobre la salida del país del exjefe de la Unidad de Apoyo Fiscal encargado de las investigaciones sobre el supuesto desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Roberto Ramírez Aldana, y calificó su partida como un “debilitamiento del Ministerio Público (MP)”.
Fue del parecer que “el Estado lo que debió hacer es ponerle realmente la seguridad fuerte y decirle “usted va a continuar con estos casos”, esto significa un debilitamiento del MP, el Estado debió protegerlo a él y su familia”.
Asimismo lamentó la falta de apoyo por parte de los entes estatales hacia el ex fiscal Aldana, colocándolo en una situación riesgosa desde el momento que le asignan el escandaloso caso de corrupción que detonó en un robo millonario del IHSS.
“La salida del fiscal Aldana lo que significa es que el Estado no lo estaba apoyando porque no es novedad que los cuerpos de inteligencia le digan a un fiscal que lleva casos como el que llevaba el fiscal Aldana que está en una franja de riesgo, a él lo colocan en una franja de riesgo desde que le dan esos casos», expresó la académica.