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La desaparición las comisiones de Reforma de la Seguridad Pública, de Energía, así como la cancelación de la Procuraduría del Ambiente permitirán un ahorro de por los menos 60 millones de lempiras.
En suma, las tres instituciones cargan con una masa salarial de 97 empleados y funcionarios que consumen en promedio más de 600 mil lempiras al año en términos globales.
La Comisión de Reforma de la Seguridad Pública opera con un presupuesto anual de 26 millones de lempiras para la cobertura de varios renglones, además del sostenimiento de una estructura de 23 empleados por contrato y de tres comisionados. Estos últimos devengan cada mes arriba de cien mil lempiras, aunque fuentes consultadas por HRN apuntan que su salario es de nueve mil dólares, equivalentes a 180,000 lempiras
Haciendo una relación entre los gastos por remuneración económica y la partida presupuestaria asignada a la Comisión de Reforma de la Seguridad, se obtendría que cada empleado y funcionario de esa dependencia devora un millón de lempiras al año.
En la Comisión de Energía, se gastan en un lapso de 12 meses 21 millones de lempiras y su planta de empleados es de 33. De ahí se deduce que el Estado destina en promedio cerca de 600 mil lempiras para cumplir con la entrega de sueldos y salarios a cada uno de ellos.
Y la Procuraduría del Ambiente, maneja una partida presupuestaria de 12 millones de lempiras y una planilla de 38 personas, lo que se traduce en 315,000 lempiras para cada uno de los empleados de esa institución.
Otro elemento que hay que destacar es que si los 60 millones que devoran las comisiones de Seguridad Pública y de Energía, así como la Procuraduría del Ambiente se destinaran a la apertura de nuevos puestos laborales, entonces hubiese sido posible emplear a 500 personas con un salario entre 10 mil y 12 mil lempiras mensuales.
Las tres dependencias han pasado a la historia luego que la Cámara Legislativa en sus últimas sesiones aprobó una iniciativa tendiente a dejar sin efecto el funcionamiento de las mismas, como parte una estrategia para garantizar la eficiencia en el desempeño del aparato estatal.