El Congreso Nacional es el que debe decidir si se hace una consulta popular para elegir Fiscal General, según el CNE

El vicepresidente del Congreso Nacional de Honduras, Rasel Tomé, se reunió con representantes del Consejo Nacional Electoral (CNE) para discutir la viabilidad de llevar a cabo una consulta ciudadana en la elección del próximo Fiscal General del país.

La iniciativa surge en medio de la falta de consenso en el Congreso Nacional para seleccionar a las nuevas autoridades del Ministerio Público.

El diputado Tomé, miembro del Partido Libertad y Refundación (Libre), presentó esta propuesta como una solución alternativa para resolver el impasse político.

Tras la reunión, el vicepresidente del Congreso Nacional compartió con los medios de comunicación la respuesta del CNE a su propuesta.

Según Tomé, el CNE indicó que era posible llevar a cabo una consulta ciudadana, conforme al artículo 5 de la Constitución hondureña.

Sin embargo, señaló que este proceso requeriría aproximadamente cuatro meses, ya que el CNE necesitaría realizar valoraciones presupuestarias.

La propuesta de Tomé consiste en utilizar papeletas en las que los ciudadanos puedan expresar su apoyo o rechazo a las distintas nóminas de candidatos para el cargo de Fiscal General.

El diputado destacó que, para llevar a cabo este proceso, no sería necesaria una reforma constitucional, sino simplemente la aprobación de un decreto legislativo en el Congreso Nacional, que requeriría 86 votos a favor y la asignación de un presupuesto específico.

Tomé también hizo un llamado a las demás fuerzas políticas a encontrar un acuerdo para la elección del Fiscal General, proponiendo una fórmula en la que cada grupo aporte nombres para la consideración.

Julio Navarro, el titular del CNE, enfatizó que la propuesta de Rasel Tomé tenía como objetivo determinar si el órgano electoral tenía la capacidad de llevar a cabo una consulta ciudadana sobre el proceso de elección del Fiscal General.

Navarro subrayó que, técnicamente, el CNE estaba preparado y tenía experiencia para llevar a cabo tal consulta, pero señaló que la decisión de realizarla dependía exclusivamente del Congreso Nacional.

Según Navarro, cualquier consulta ciudadana, plebiscito o referéndum sobre este tema debería ser convocado a través de una disposición legal del Congreso Nacional.

Además, aclaró que en caso de que se autorizara una consulta de este tipo, el CNE estaría obligado a ejecutarla.

Kelvin Aguirre, consejero del CNE, recordó que la Constitución de la República establece que cualquier consulta ciudadana debe ser aprobada por una mayoría calificada en el Congreso Nacional, es decir, dos terceras partes de los miembros del Congreso.

Además, se requeriría un presupuesto especial y la aprobación de un decreto que autorice los procesos relacionados, como la impresión de papeletas y el sistema de transmisión de resultados.