El comportamiento de los políticos ha generado desconfianza los procesos de elección en Honduras, dice la abogada Ana Pineda

La reconocida abogada y exaspirante a magistrada, Ana Pineda, dijo este martes que el comportamiento de la clase política, es lo que ha creado desconfianza y deslegitimación en los procesos de escogencia de autoridades, particularmente lo ocurrido en el último proceso de la elección de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La constitucionalista recordó que en el pasado proceso pese a que la Junta Nominadora (JN), estuvo a la altura, algunos diputados al final dijeron que una nota de 0 era igual a la de 100, y se atrevieron a decir que no bastaba la militancia en un partido político, sino que también se requería la cercanía directa con el líder del partido.

Ese comportamiento de los políticos dejó un mensaje claro a los profesionales del derecho y es que, aunque se atienden en el proceso muchas pruebas, escritas, orales, psicológicas, toxicológicas, investigaciones de patrimonio entre otras, al final eso no sirve de nada.

En ese contexto, es lo que ha generado la apatía de la mayoría de los abogados para la elección del Fiscal General y Fiscal Adjunto.

Pineda, expuso que incluso ahora se habla de una posible reforma para la elección de un tercer fiscal para poder tener otro fiscal adjunto para que tengan representación los tres partidos políticos mayoritarios.

Adicionó que el proceso pasado dejó otra lección que además de la venia del partido del que el candidato es militante también debía buscar el consenso de los otros dos partidos de oposición, lo que representa un precio demasiado alto para un profesional que busca ejercer en una institución que se supone debe ejercer la justicia de manera imparcial.

Finalmente, la abogada Ana Pineda, opinó que, si se sigue eligiendo gente solo por su participación política activa, lo que se obtendrá es “un instrumento” para que persiga o deje de perseguir a quien ese líder político desee y eso no es mandato constitucional de ejercer la acción penal pública de manera independiente e imparcial.