Edmundo Orellana critica nueva figura de «acusador privado» en propuesta de CICIH y advierte sobre implicaciones constitucionales

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El exministro de Transparencia y exfiscal de la República, Edmundo Orellana, expresó su incertidumbre y reservas respecto a la reciente propuesta del gobierno hondureño para la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH). Orellana, en particular, cuestionó la inclusión de la figura del «acusador privado» que la presidenta Xiomara Castro presentó al secretario de la ONU, Antonio Guterres.

«Yo no entiendo qué es lo que se está pidiendo», comentó Orellana en referencia a esta nueva figura. Según él, la figura del «acusador privado», que está contemplada en el Código Procesal Penal, permite que las víctimas presenten acusaciones de forma directa. Sin embargo, subrayó que en casos de corrupción, donde la víctima es la sociedad en su conjunto, este rol corresponde al Ministerio Público (MP).

Orellana explicó que inicialmente el gobierno intentaba otorgar a la CICIH plenas potestades para reemplazar al MP en la acción pública penal, lo que hubiera requerido una reforma constitucional. Al ser esto inviable en el actual periodo legislativo, el gobierno optó por esta nueva estrategia, que Orellana considera igualmente problemática, ya que el MP es el órgano encargado de representar a la sociedad.

«Para que exista un acusador privado en casos de corrupción, se necesitaría una reforma constitucional», advirtió. Además, el exfuncionario destacó que en Honduras se ha visto cómo la Sala Constitucional ha reformado aspectos que deberían pasar por el Congreso Nacional, lo que agrava la incertidumbre sobre el futuro de esta propuesta.

Orellana reconoció los esfuerzos de la presidenta Castro por instalar la CICIH, pero cuestionó el asesoramiento que está recibiendo. «El problema son quienes están aconsejando. No entiendo qué es lo que realmente se está proponiendo, pero vamos a ver qué dice la ONU», concluyó, dejando en el aire sus preocupaciones sobre las implicaciones constitucionales y la efectividad de esta estrategia.

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