Economía nacional se ve afectada por el Golpe a la Corte Suprema de Justicia en El Salvador

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El golpe a la Corte Suprema de Justicia y la destitución del Fiscal General ya tiene sus consecuencias inmediatas y todas están dirigidas a la economía nacional, que ya estaba debilitada tras un año de cierre de empresas, desempleo y un aumento significativo de la deuda.

Este lunes el precio de los bonos salvadoreños se desplomó hasta siete puntos porcentuales en promedio, una caída que automáticamente se traduce en un mayor costo del dinero para el país pues las acciones políticas de este 1 de mayo han generado más desconfianza en los inversionistas internacionales.

En principio estos bonos afectarán al Gobierno pues si el ministro de Hacienda saliera este mismo día a solicitar un crédito a nivel internacional, tendría que pagar tasas de interés de hasta el 12 %, una tasa sumamente alta comparada con los créditos al 5 % o 6% si el país tuviera una buena calificación crediticia.

Pero, además, la afectación llegará hasta el bolsillo de los mismos salvadoreños, que podrían ver encarecidos el precio de los bienes y servicios, una mayor inflación, más deuda y por lo tanto, más desempleo y pobreza.

“Esto debería de alertar a la ciudadanía porque El Salvador sigue estando en una crisis económica sumamente compleja”, afirmó el economista y miembro del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), Ricardo Castaneda.

“Lo que está sucediendo actualmente tarde o temprano, quizá más temprano que tarde, va a tener un impacto directo en el bolsillo de cada uno de los salvadoreños”, advirtió el economista.

El economista Manuel Enrique Hinds, explica que si el gobierno tiene que pagar altas tasas de interés por sus créditos, esto reducirá el dinero que se necesita en otras áreas pues el Gobierno tendrá que destinar gran parte de su presupuesto a pagar intereses por sus préstamos.

El año pasado la economía nacional sufrió severamente los efectos de las medidas adoptadas para evitar el COVID-19. En El Salvador, el Producto Interno Bruto (PIB) cayó 7.9 %, una cifra solo comparable con la caída económica que el país tuvo antes del conflicto armado, a inicios de la década de los 80.

Esta caída económica provocó más de 85,000 empleos perdidos, de los cuales aún no se recuperan un promedio de 27,000.

Además, todos los indicadores económicos nacionales están en rojo: la deuda se ha elevado a más del 90 % del PIB, el uso de la tarjeta, a través de la emisión de Letras del Tesoro y de Certificados del Tesoro (Letes y Cetes) está al límite.“Lo que está sucediendo actualmente tarde o temprano, quizá más temprano que tarde, va a tener un impacto directo en el bolsillo de cada uno de los salvadoreños. Esto debería alertar a la ciudadanía”.

Ricardo Castaneda, economista de ICEFI

Al Gobierno le hacen falta más de $1,500 millones en financiamiento para cerrar la brecha presupuestaria que tiene este 2021.

Pero el golpe de Estado orquestado por la nueva Asamblea Legislativa con una bancada mayoritariamente afin a Bukele, ha despertado las alertas de toda la comunidad internacional y elevado el riesgo del país, que ya de por sí, tenía una mala calificación crediticia.

La esperanza era el FMI

La esperanza para mejorar las finanzas del país era un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el que el Gobierno ya había comenzado negociaciones.

Este organismo le daría al menos $1,300 millones para reestructurar esa brecha fiscal.

Las primeras negociaciones sobre este acuerdo habían generado confianza en los inversionistas y calificadoras de riesgo pues suponía que el Gobierno enrumbaría sus finanzas para darle estabilidad a la creciente deuda.

Sin embargo, bancos de inversión como Barclays y Stifel señalaron ayer, en comunicados separados que lo ocurrido este 1 de mayo socava ese acuerdo y ponen en duda lo que pueda ocurrir posteriormente para que el país pueda adquirir financiamiento.

“En lugar de enviar señales de un acuerdo con el FMI, el Gobierno está priorizando su agenda política”, dijeron los analistas de Barclays Capital Inc. Alejandro Arreaza y Néstor Rodríguez. “Si los inversionistas pierden la confianza en El Salvador, el Gobierno podría tener que iniciar un proceso de reestructuración de la deuda”.

El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, dijo ayer que varios inversionistas habían hablado con él el domingo y que estos le habían mostrado su visto-bueno por la estabilidad de una nueva Asamblea. Sin embargo, los informes internacionales muestran todo lo contrario.

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