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El director ejecutivo de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), Marcos Zelaya, ha presentado una denuncia ante el Ministerio Público (MP) en contra de una presunta red criminal conformada por bufetes, jueces y abogados. Según Zelaya, esta estructura se ha dedicado al saqueo de los bienes incautados administrados por la OABI, utilizando juicios manipulados y sentencias fraudulentas.
“Es una infraestructura criminal que se ha dedicado a saquear el Estado a través de juicios amañados y sentencias fraudulentas”, declaró Zelaya, señalando a jueces y abogados que habrían intervenido en estos procesos legales para despojar al Estado de bienes de alto valor.
En el marco de estas denuncias, Zelaya presentó pruebas ante la supervisión de tribunales y solicitó a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel Obando, que tome cartas en el asunto. Según sus declaraciones, una juez, junto a un grupo de abogados, habría emitido sentencias que favorecen a esta red criminal, lo que podría constituir delitos de prevaricato o fraude.
El impacto económico de este saqueo es grave, según Zelaya. Indicó que el Estado enfrenta demandas ejecutadas por un total de 90 millones de lempiras, además de demandas pendientes de ejecución por 220 millones. Estima que entre 50 y 80 demandas más están en proceso, lo que podría elevar la afectación total a más de 800 millones de lempiras. «Es el pueblo hondureño quien termina pagando los costos de estos malos manejos», lamentó.
Zelaya destacó que la OABI está trabajando arduamente para corregir las irregularidades ocurridas en los últimos 12 o 14 años. Comparó la situación con otras instituciones afectadas por corrupción, como el Instituto de la Propiedad (IP) o COPECO, y reafirmó su compromiso de luchar para que estos actos no queden impunes.
La Fiscalía ya está investigando los casos denunciados, y se espera que pronto se presenten los requerimientos fiscales correspondientes.
