Diputado Umaña advierte que Ley de Control de Llamadas daría potestad a organismos para triangulación sin orden judicial

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El diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña, lanzó una advertencia sobre la propuesta de Ley de Control de Llamadas, afirmando que permitiría a varias instituciones realizar triangulaciones de llamadas telefónicas sin necesidad de una orden judicial.

«Si hay una preocupación genuina con la triangulación de llamadas porque se le da la potestad a algunos organismos para solicitar, sin orden judicial, el acceso a cualquier número telefónico para ver qué llamadas recibe o a quién llama el propietario de un teléfono», declaró Umaña.

El diputado destacó que en Honduras ya se filtran audios de llamadas telefónicas, lo que añade a la preocupación de la oposición sobre la falta de modificaciones al dictamen original de la ley.

Umaña enfatizó que su solicitud es que los juzgados puedan emitir órdenes de forma rápida a las compañías telefónicas para que las instituciones puedan acceder a las llamadas y vaciados telefónicos de manera legal.

«Sin una orden judicial, pueden utilizar esto de forma política para saber con quién se comunican los periodistas y la oposición», alertó el congresista en reacción a las medidas anunciadas por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) para enfrentar el crimen organizado.

El diputado cuestionó por qué no se discutió esta propuesta hace un año y medio cuando se advirtieron los cambios, sugiriendo que se pudieron haber designado más jueces para agilizar las solicitudes de intervención telefónica al Poder Judicial.

Umaña advirtió que esta iniciativa otorgaría a las secretarías de Defensa y Seguridad acceso a toda la base de datos de los teléfonos celulares en el país.

«Todos los hondureños estaríamos sujetos, con una simple petición de la Secretaría de Seguridad, a que se triangule el celular y verifiquen con quién se está comunicando», remarcó.

El congresista aclaró que su petición de cambiar el dictamen original es para proteger los derechos de la población y no por motivos políticos.

«No nos oponemos a esta ley de control de las llamadas, pero queremos que exista la posibilidad de que un juzgado ordene entregar el vaciado de las llamadas», enfatizó Umaña.

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