Diputada nacionalista: La CICIH debe venir con a investigar casos de corrupción desde 2006

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El gobierno de Honduras y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), este jueves suscribieron en Nueva York, un memorándum de entendimiento, con el cual inician los trabajos relativos al establecimiento de un mecanismo internacional, imparcial, independiente y autónomo contra la corrupción y la impunidad en Honduras conocida como (CICIH).

La congresista Merary Díaz, manifestó, «nosotros como bancada del Partido Nacional hemos sid claro de que venga una CICIH con «dientes» para investigar los casos de corrupción y las administraciones desde el año 2006, y no solo del 2010 en adelante como pretende Libre hacerlo».

La parlamentaria nacionalista señaló que el memorándum de entendimiento firmado este día solo fue una intención por seis meses y por fase, y no hay nada diferente con lo que se ha venido manifestando en el país.

En ese sentido, la diputada dijo que la bancada tendrá su postura en la cual buscará la manera para que la CICIH venga al país a investigar todo, porque Honduras quiere cambios o cero impunidad.

Díaz, además, dijo que la bancada nunca se ha opuesto al tema de reformas, pero reiteró que el «pacto de impunidad» debe ser derogado porque se dieron cartas de libertad a exfuncionarios condenados por corrupción, así como la existencia de una ilegal Junta Directiva del Congreso Nacional.

«Queremos que la CICIH no sea financiada por el Gobierno, que los profesionales de la CICIH sean puestos por la ONU y no a la medida de lo que quiere Libre y el gobierno de Xiomara Castro, sino, de acuerdo a las necesidades del pueblo hondureño para el combate de la corrupción y la impunidad», soslayó la diputada.

Memorándum de entendimiento

En el memorándum de entendimiento, las Partes también reconocen que el objetivo último de sus esfuerzos conjuntos es el fortalecimiento de las instituciones y capacidades nacionales en materia de investigación, combate y enjuiciamiento de la corrupción, tanto pública como privada, y de la impunidad, así como sentar las bases para la creación de un mecanismo internacional.

La primera fase incluirá él envió de un equipo de expertos de las Naciones Unidas Honduras, sujeto a los mandatos y atribuciones existentes de las Naciones Unidas, compuesto inicialmente de personas expertas en el sistema penal, en la adopción e implementación de reformas legales, en el análisis de información financiera y en el sistema jurídico nacional hondureño.

Las Partes entienden que en la primera lase el equipo de expertos brindará asistencia técnica para iniciar la investigación, enjuiciamiento y combate contra la impunidad y la corrupción público-privada de alto impacto, incluidos los tres poderes y demás instituciones del Estado. Asimismo, evaluará, según corresponda, los procedimientos para recabar la información destinada al trabajo del mecanismo.

La primera fase buscara evaluar, con base en dicha asistencia técnica, los instrumentos, instituciones y capacidades nacionales existentes para la lucha contra la impunidad y la corrupción y su enjuiciamiento, incluido en relación con el ejercicio independiente de la acción penal pública.

En colaboración con otras entidades del sistema de Naciones Unidas brindar apoyo y asistencia técnica en la formación y el entrenamiento del personal a cargo de la investigación, enjuiciamiento y combate contra la impunidad y la corrupción público-privada de alto impacto incluidos los tres poderes y otras instituciones del Estado Determinar las actuaciones, fortalezas y debilidades del Ministerio Público y el Sistema Judicial.

Identificar, en coordinación con el Gobierno, las reformas constitucionales, legales, y administrativas necesarias dentro del orden jurídico de Honduras, así como brindar acompañamiento y asesoramiento en su implementación, para el establecimiento y buen funcionamiento del mecanismo internacional, imparcial. independiente y autónomo contra la impunidad y la corrupción.

Entre otras, se incluirá la necesidad de realizar reformas al marco normativo que regula el delito de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, la abrogación del Decreto 116-19 que limita las funciones al Ministerio Público, la modificación de las regulaciones normativas de la Comisión Nacional de Banca y Seguros, y otras que permitan el levantamiento del secreto concerniente a la situación del lavado de activos y fideicomisos, la aprobación de los instrumentos necesarios para el establecimiento en su caso de la figura de colaboración eficaz y de aquellos instrumentos que sean necesarios para el ejercicio independiente de la acción penal pública.

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