Diferentes organizaciones piden garantizar la independencia y transparencia en la elección de fiscales
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Diferentes organizaciones regionales pidieron a la Junta Proponente trabajar en un proceso que garantice la transparencia, independencia e transparencia integridad en el nombramiento del Fiscal General y el Fiscal Adjunto.
Las organizaciones que hacen la solicitud son Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Fundación del Debido Proceso (DPLF), Human Rights Watch (HRW), Latin América Working Group (LAWG), Robert F. Kennedy Human Rights (RFKHR), Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
Las organizaciones firmantes de la comunicación, recuerdan que la Constitución hondureña exige que el Fiscal General y el Fiscal Adjunto, que el Congreso debe nombrar el 1 de septiembre, sean seleccionados de entre cinco candidatos presentados por una Junta Proponente y que “el nombramiento del actual Fiscal General, en 2018, violó este requisito”.
La autonomía e independencia del Ministerio Público es esencial para garantizar el acceso a la justicia y hacer frente a la impunidad estructural que enfrenta Honduras, adiciona el documento.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el papel del Fiscal General es «esencial para el acceso a la justicia, la garantía del Estado de Derecho, la lucha contra la impunidad y la defensa de los derechos humanos».
Las organizaciones destacan que la impunidad, la corrupción y la falta de acceso a la justicia en Honduras “es alta”, por lo que el papel de la Junta Proponente es particularmente crucial para asegurar que los candidatos sean honorables, independientes y capaces de enfrentar los retos del país.
CICIH
Por otra parte el comunicado de DPLF , resalta que la posible instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras (CICIH), respaldada por la ONU, depende de que el sistema de justicia hondureño mantenga condiciones básicas de independencia y compromiso en la lucha contra la corrupción.
“Sin ello, no hay garantía de que el Estado hondureño pueda desmantelar las redes ilícitas que han cooptado la institucionalidad democrática y afectado la gobernabilidad del país”.
Finalmente, las organizaciones resaltan que, para la construcción de un verdadero estado de derecho, este proceso electoral (autoridades del MP), debe realizarse libre de injerencias indebidas, para garantizar que aquellos actores políticos del Congreso Nacional bajo investigación por corrupción u otros actos ilícitos no se involucren en el proceso.
