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La oposición de Nicaragua puso en duda la continuidad de las negociaciones con el Gobierno para buscar una salida pacífica a la crisis en el país tras una jornada donde la policía arremetió con violencia para impedir una protesta.
Fuerzas policiales reprimieron la manifestación, la primera en seis meses cuando el gobierno de Daniel Ortega prohibió todas las protestas. Videos mostraban a policías arrastrando a manifestantes o golpeándolos. En la protesta se exigía la liberación de todos los presos políticos, como condición para continuar los diálogos. Paradójicamente, 164 de ellos fueron detenidos y liberados ocho horas después.
“Creemos que acciones como esa no contribuyen al proceso de negociación y ponen bajo riesgo cualquier intento de encontrar una salida negociada a la crisis del país”, dijo el delegado de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y Democracia, Max Jérez.
Periodistas, entre ellos el camarógrafo de AFP, fueron agredidos mientras daban cobertura a los incidentes.
El Gobierno no se pronunció sobre los incidentes, excepto a través de un comunicado de la policía en el que dijo que “pese a las advertencias” sobre una actividad no autorizada salieron grupos de personas que violentaron el orden público.
El bloque opositor analizaba ayer la posición que asumirá para la continuidad de las negociaciones. Aunque con algunos matices, sus miembros creen que el diálogo es la única salida a la grave crisis que afecta a Nicaragua, uno de los países más pobres de Latinoamérica.
“Prohibir manifestaciones es restringir la libertad. Cerrar medios de comunicación vulnera el derecho a la información. Detener manifestantes pacíficos es represión. Así no se negocia Pdte. #Ortega”, dijo en Twitter el eurodiputado Ramón Jáuregui.
Carlos Tünnermann, miembro del equipo negociador de la Alianza Cívica, dijo que los hechos represivos ponen en “alto riesgo” la continuación con la negociación”. “Ortega está demostrando que no tiene voluntad de resolver los problemas de forma pacífica”, indicó.
El presidente Daniel Ortega, 73 años, gobierna desde el 2007 y enfrenta desde hace 11 meses la peor crisis detonada por protestas, que dejaron 325 muertos, más de 700 presos y miles de exiliados.
Las negociaciones que comenzaron el 27 de febrero entran a la cuarta semana de trabajo, marcadas por un proceso lento y un impasse por el tema de la liberación de presos políticos. El Gobierno excarceló a 150 de 777 detenidos, entre los que no están líderes de las manifestaciones.
(El Universo)