Recibe actualizaciones en tiempo real directamente en tu dispositivo, suscríbete ahora.
Tegucigalpa, Honduras.
Las autoridades hondureñas detuvieron este domingo al alcalde de Yoro, Arnaldo Urbina Soto, quien está siendo indagado para confirmar o descartar su participación en una banda de narcotraficantes.
El coronel Germán Alfaro, coordinador de la Fuerza Nacional Interinstitucional (Fusina) en el norte del país, informó que hasta el momento han asegurado nueve propiedades que serían del jefe edilicio de Yoro, y realizan allanamientos en diferentes sectores para capturar a personas que también tendrían participación en la banda “Urbina Soto”.
Las operaciones se realizan en conjunto con la Dirección Nacional de Lucha Contra el Narcotráfico (DNLC) y la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, dijo Alfaro.
Urbina Soto está siendo indagado por jueces y fiscales, quienes “serán los que determinarán la participación del alcalde” en la banda de traficantes de estupefacientes, indicó el coordinador de la Fusina.
“Están en esta etapa, consolidando pruebas, muchas cuestiones que se encontraron y que van a servir para dilucidar este caso”, agregó.
Las operaciones se han realizado en atención a las denuncias que han recibido sobre la banda de narcos que opera en el municipio de Yoro, dijo Alfaro.
En un documento de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, la banda que sería dirigida por el alcalde Arnaldo Urbina Soto, alias “El Moreno”, la integrarían 37 personas, entre ellas sus hermanos Mario Alberto Urbina Soto, alias “Soldado”; Miguel Ángel Urbina Soto, alias “Mikel”; y Carlos Fernando Urbina Soto alias “Nando”, quienes vendrían realizado operaciones de narcoactividad desde hace nueve años, pero “hasta el año 2009 fue notable sus dichas actividades cuando fue electo alcalde”.
El alcalde hondureño es señalado de ser líder de una banda criminal cuyos miembros son acusados de los delitos de asesinato, narcotráfico, daños al medio ambiente y expropiación de tierras, entre otros, indicó Alfaro.
Además de las propiedades aseguradas, que estarían valoradas en unos 40 millones de lempiras, las autoridades también confiscaron un teléfono móvil satelital, cajas fuertes y chalecos antibalas”.