“Desde el mes de mayo se publicó y no puede ser que a estas alturas aleguen ignorancia del contenido”: Antonio Rivera

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El vicepresidente del Congreso Nacional, Antonio Rivera Callejas, aseveró que los sectores que demandan la suspensión de la entrada en vigencia del nuevo Código Penal no pueden alegar ignorancia de contenido.

“Desde el mes de mayo se publicó y no puede ser que a estas alturas aleguen ignorancia del contenido”, declaró el primer vicepresidente del Legislativo.

Las declaraciones de Rivera Callejas surgen en medio de un dilema legal que aún no ha sido resuelto por el Congreso Nacional y de la petición del presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta, de ampliar la vacatio legis para darle mayor tiempo de capacitación a los jueces.

Rivera Callejas invitó a los sectores que tengan una recomendación o plantear reformas que vayan con el presidente de la comisión encargada, el también diputado nacionalista Mario Alonso Pérez.

Insistió que el Poder Legislativo puede ampliar la vacatio legis, pero no por un año o más. Hasta ahora, el Congreso Nacional no se ha pronunciado en torno a si ampliará o no el período de vacación.

Rivera citó los casos del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), que ambos presentaron reformas puntuales.

Sentenció que mientras no se diga de una ampliación de la vacatio legis, el Código Penal entrará en vigencia el 10 de noviembre.

El Congreso afirmó que antes de su aprobación, este Código Penal fue discutido en extensas jornadas de socialización con diferentes sectores de la sociedad, como gremios profesionales, sector empresarial, academia, sectores obreros y campesinos, cámaras de comercio y medios de comunicación. Sin embargo, algunos sectores aseguran que lo que se publicó no es lo que se acordó en las socializaciones.

En las últimas semanas, los asesores del Congreso Nacional y los diputados han sostenido una serie de reuniones con distintos sectores de la sociedad civil, gremios profesionales y otras organizaciones nacionales e internacionales con la intención de revisar, discutir y, en los casos que amerite, reformar artículos del nuevo Código Penal, antes de que entre en vigencia.

Unas 35 organizaciones de sociedad civil han planteado su interés de generar profundas reformas al nuevo Código Penal que disminuye las penas en delitos de corrupción y criminalidad organizada, y que frente a ello fomentaría mayor impunidad.

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