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El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) de Honduras informó sobre denuncias de privados de libertad que afirman ser víctimas de torturas en un centro carcelario del país. Los detenidos relataron haber sido sacados de los módulos sin ropa en horas de la madrugada, amarrados de las manos, golpeados con garrotes y fusiles, y arrastrados a un lugar lleno de lodo.
A pesar de las agresiones sufridas, los privados de libertad no fueron examinados por ningún médico, y muchos de ellos, a pesar de padecer enfermedades, no recibieron los medicamentos correspondientes. Las víctimas, marcadas con hematomas en diversas partes del cuerpo, denunciaron la prohibición de visitas familiares por un periodo de 30 días.
El Conadeh condenó estos supuestos actos de tortura y tratos crueles, exhortando al Estado a prevenir tales acciones en perjuicio de las personas privadas de libertad. La Delegada Adjunta Primera del Conadeh, Yumila Díaz, destacó la importancia de investigar cualquier acto que pueda constituir tortura, cumpliendo con las obligaciones adquiridas por el Estado al ratificar la Convención contra la Tortura y su Protocolo Facultativo.
Entre 2019 y el primer semestre de 2023, el Conadeh atendió 1,696 quejas de supuestas violaciones a los derechos humanos presentadas por personas privadas de libertad, familiares y organizaciones defensoras. Las violaciones más recurrentes incluyen el derecho a la vida e integridad física, a un trato digno, a la salud, a condiciones dignas de alojamiento y al acceso a la justicia.
En las últimas dos décadas, los centros penitenciarios hondureños han sido escenario de eventos trágicos, incluyendo incendios, enfrentamientos y amotinamientos. Se estima que más de 1,050 personas privadas de libertad han perdido la vida violentamente desde 2003, en diferentes centros penitenciarios del país. Actualmente, la población penitenciaria en Honduras es de 19,557 personas, de las cuales 54% están sentenciadas y 46% son procesadas.
