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Una denuncia recogida por medios periodísticos locales de El Salvador este jueves da cuenta que el actual Gobierno del presidente Nayib Bukele habría negociado con las dos principales pandillas del país, la Mara Salvatrucha (MS-13) y la Pandilla 18 para reducir el número de homicidios en el país; sin embargo, ese pacto llegó a su fin a finales de marzo de este año tras no lograr acuerdos entre las partes, la tregua finalizó con 87 asesinatos como presión de los pandilleros al Gobierno.
De acuerdo a la investigación, la Mara Salvatrucha-13 (MS-13) le admitió haber asesinado a 87 personas entre los días 25 y 27 de marzo como parte de su respuesta a lo que consideraron una “traición” del Gobierno de Bukele al pacto que mantenían desde hace al menos dos años y medio.
Según la denuncia, el punto de ruptura de la «tregua» fue la detención de un grupo de pandilleros de la MS-13 que viajaban en un vehículo gubernamental, confiados por gozar de una especie de salvoconducto y que además eran conducidos por un chofer contratado por el Gobierno presuntamente para “dialogar”.
Tras estas detenciones y encarcelamientos la pandilla MS-13 dio un ultimátum al Gobierno de Bukele para que los liberara, dicho lapso era de 72 horas y la versión de los pandilleros, divulgada por medios de prensa, fue acompañada con pruebas, siete grabaciones en la que el director de Tejido Social, Carlos Marroquín, hablaba con un líder de pandilla sobre sus acciones en el Gobierno.
En las grabaciones, Marroquín culpó de las capturas de pandilleros al ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro.
Los audios publicados y replicados por varios medios de prensa fueron autenticados por peritaje técnico. El análisis de frecuencia demostró que las tonalidades y frecuencias de las grabaciones coincidían en lo que los softwares arrojaron como una similitud del 85 al 90 por ciento.
Algunos diputados de oposición de la Asamblea Legislativa han reaccionado sobre la publicación, y lamentaron que el Gobierno haya negociado con las estructuras delincuenciales, pidieron a la institucional del país a cumplir su función.
Esta no es la primera denuncia sobre la complicidad del Gobierno de Bukele con las pandillas salvadoreñas, lo cual ha sido rechazado siempre por el gobernante.
