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Mediante un pronunciamiento el Consejo Consultivo Ciudadano en Derechos Humanos, demandó al nuevo Gobierno respetar institucionalidad estatal.
“Nosotros miembros del Consejo Consultivo Ciudadano en Derechos Humanos (CCCDH), ante la opinión pública nacional e internacional que como espacio de la sociedad civil estamos conscientes que la aspiración de toda persona, es vivir con dignidad, paz y tranquilidad y que esto solo es posible, si se cuenta con un Estado que garantice a través de sus instituciones,el reconocimiento, promoción, respeto, protección y goce de cada uno de los derechos consagrados en la Constitución de la República y demás normativa nacional e internacional en materia de Derechos Humanos”, manifiestan el pronunciamiento.
Asimismo, señalan que “estamos conscientes que Honduras tiene una enorme deuda entre los derechos, establecidos en la normativa interna y en los tratados y convenios internacionales de derechos humanos y la realidad que vive cotidianamente el pueblo hondureño, esencialmente evidenciadas por el mediocre desempeño de muchas entidades del Estado que no han asumido medidas integrales para garantizar el respeto”.
Sin embargo, indican que es digno de reconocer que, en los últimos tres años, se han registrado importantes avances en materia de Derechos Humanos, a través de la creación de la Secretaría de Estado en los Despachos de Justicia y Derechos Humanos (SJDH) y de los esfuerzos nacionales e internacionales impulsados por esta institución, así como del cumplimiento del compromiso asumido por el Estado de Honduras.
EL CCCDH advierte que existe una manifiesta y sostenida campaña pública para que la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos sea suprimida o fusionada y confía que el Presidente electo no se deje influir en tal sentido y escuche a la sociedad civil que ha sido parte de los avances en derechos humanos hasta ahora logrados, fortalezca la institucionalidad y le dé continuidad a los esfuerzos iniciados.
Además el Consejo Consultivo Ciudadano en Derechos Humanos (CCCDH), estará atento a las próximas decisiones a ser tomadas, y reafirmamos nuestro compromisos de seguir ejecutando acciones de auditoría social e incidencia política para la adecuada implementación de políticas públicas que garanticen el pleno goce de los derechos humanos de las y los hondureños, especialmente aquellos colocados en situación de vulnerabilidad y exclusión social.