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La exprimera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo, que se encuentra guardando prisión desde febrero de 2018, podría salir en libertad si se declara con lugar un Habeas Corpus, presentado por sus defensores privados.
La Sala de lo Constitucional del Poder Judicial nombró este lunes a un juez ejecutor para verificar la medida de prisión preventiva de la exprimera dama.
Los apoderados legales de Bonilla de Lobo explicaron que se solicitó el cambio de medidas preventivas a la Sala de lo Penal, la cual no ha sido resuelta.
Además, designar como juez ejecutor para efecto de la Habeas Corpus solicitado a la abogada Adela Miranda Gudiel defensora publica de la ciudad de Tegucigalpa, quien deberá requerir a las autoridades el informe pertinente dentro del plazo y de la formalidad establecida en el artículo 26 de la ley sobre justicia constitucional debiendo verificar la existencia o no de los hechos alegados por el recurrente haciendo cesar de manera inmediata cualquier tortura, vejámenes, cesación legal y otra coacción innecesaria para la probabilidad individual de la señora Rosa Elena Bonilla Ávila para el estricto cumplimiento.
La resolución de la Sala de lo Constitucional indica que el juez ejecutor revisará la existencia o no de los hechos alegados por la defensa que la exprimera dama se encuentra detenida de manera ilegal porque se venció el plazo de la prisión preventiva.
Por su parte, Juan Carlos Berganza, abogado defensor de la ex primera dama, dijo que consideran que el caso de la prisión preventiva de Rosa Elena Bonilla tiene las características de una pena, es decir que es una detención arbitraria e ilegal.
El Código Procesal Penal establece cual es el término de duración de la prisión preventiva y establece claramente que es un año cuando es un delito mayor y dos años cuando son delitos graves.
«Está medida se puede extender hasta seis meses más cuando excepcionalmente hay una complejidad en el material probatorio que se debe presentar a juicio, lo cual ya sucedió y por el hecho que el Ministerio Público jamas lo peticionó», señaló.
«El término de duración se puede extender hasta la mitad de la pena expuesta en la sentencia que se emitió por parte del Tribunal de Sentencia, pero esta tampoco se puede aplicar porque el juicio fue anulad, por lo tanto nos quedamos con el cumplimiento de los dos años, el cual se cumplió el 28 de febrero del 2020», dijo.
«No entiendo porque la hazaña en contra de ella, de mantenerla presa, si a ella le prevalece el estado de inocencia, en el c}proceso se demostró las violaciones que han existido», manifestó.
La exprimera dama fue acusada por suponerla responsable de ocho delitos de fraude a título de autora, un delito de lavado de activos a título de autora y tres delitos de malversación de caudales públicos, en total son 12 delitos que enfrenta.
