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El coordinador del Observatorio de Política Criminal Anticorrupción (OPCA) en el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), César Espinal, expresó su preocupación por la disposición política para permitir la intervención de la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH). Esta inquietud surge tras la reciente absolución del director del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), Rafael Barahona, por delitos de malversación de fondos mediante un decreto de amnistía.
Analistas como Kennett Madrid destacaron que la amnistía política ha favorecido casos de corrupción que no están relacionados con motivos políticos, debilitando así la lucha contra la impunidad y la corrupción en el país.
El abogado penalista Félix Ávila argumentó que la amnistía política no debería aplicarse a delitos de corrupción, ya que estos no son considerados delitos políticos.
Por su parte, la diputada Maribel Espinoza del Partido Salvador de Honduras (PSH) y Merary Díaz del Partido Nacional (PN) expresaron su desaprobación ante la aplicación de la amnistía en casos de corrupción, señalando que genera inseguridad jurídica y alimenta la persistencia de la corrupción en el país.
Defensores de derechos humanos, como Joaquín Mejía Rivera, demandan reformas o derogaciones al decreto de amnistía para garantizar la transparencia y la justicia en casos de corrupción en Honduras. Estas preocupaciones resaltan la importancia de abordar la situación para fortalecer la lucha contra la corrupción en el país.
