Crimen organizado e infracción a los DDHH amenazan proceso electoral

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La infracción reiterada de los derechos humanos y el crecimiento de la presencia del crimen organizado, son parte de las grandes amenazas que se ciernen sobre las elecciones del 24 de noviembre de 2013, denuncia el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD).

Al analizar el contexto, la organización considera que debe prestársele la debida atención al clima de violencia, inseguridad y la militarización en que se realiza el presente proceso electoral, en contraposición al respeto de las libertades básicas como la movilización, organización, difusión de la ideas y asegurar la expresión de la voluntad de las mayorías en las urnas que debe garantizar el Estado y gobierno de Honduras.

Según el CESPAD, los ensayos de trasmisión de resultados realizados por el Tribunal Supremo Electoral han identificado que el impuesto de guerra, las maras y las bandas de extorsiones, forman parte del contexto de impases y dificultades que se enfrentan en el actual proceso electoral.

Sin embargo, lo anterior se torna más preocupante cuando los mismos magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), reconocen que no pueden hacer nada para evitar que dineros ilícitos estén detrás de la intensa propaganda política que hay en el país.

“A eso hay que agregarle que cuando escuchamos a la embajadora de los Estados Unidos en Honduras, Lisa Kubiske y el jefe adjunto de la Misión de Observación Internacional de la Unión Europea, José Antonio de Gabriel, cuestionado la falta de transparencia en el financiamiento de la campaña política, la situación se torna más alarmante”, sostuvo Eugenio Sosa, analista del CESPAD.

La organización hizo alusión a las crecientes denuncias de la presencia del crimen organizado en el proceso electoral, específicamente en las planillas a candidatos y candidatas de los partidos políticos que se han registrado en los últimos tres meses.

Igual de preocupante, consideran las declaraciones de Miriam Guzmán, comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública -IAIP-, quien a partir de investigaciones realizadas por una ONG, afirmó que el crimen organizado ya no sólo se limita a financiar a los candidatos, sino que los ponen.

A criterio de Gustavo Irías, Director del CESPAD, “la institucionalidad estatal sigue evidenciando su incapacidad para garantizar la transparencia y rendición de cuentas de los partidos políticos y sus candidatos en la actual campaña electoral. Terminar con la impunidad electoral sigue siendo una tarea pendiente de la democracia hondureña”, señaló.

Los miembros del CESPAD consideran importante prestar cuidado en el contexto pre-electoral, al fuerte llamado lanzado por Amnistía Internacional a los diferentes candidatos y candidata a la Presidencia de la República sobre la “dramática situación” de los derechos humanos donde los insta a “comprometerse a abordar la terrible crisis de derechos humanos en que está sumido el país”.

De manera específica Amnistía Internacional llamó a que los candidatos y la candidata asuman los compromisos siguientes: “brindar protección integral a los defensores y defensoras de los derechos humanos; fortalecer el sistema de justicia y el Estado de derecho; erradicar la impunidad por los abusos contra los derechos humanos; y garantizar la justicia y la reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos, en particular a las personas y grupos especialmente vulnerables”.

Finalmente, Irías sostiene que la situación de los derechos humanos apunta a ser más grave con la intención de la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional de elevar a rango constitucional la Policía Militar de Orden Público.

La práctica internacional de elecciones auténticamente democráticas y respetuosas de los derechos humanos no aconsejan este tipo de políticas especialmente en un contexto pre-electoral; esto amenaza libertades democráticas básicas y es un instrumento que fácilmente puede transformarse en intimidación ciudadana, distorsionando la soberana voluntad de los y las electoras.

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