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El gobierno hondureño y la empresa privada trabajan de forma mancomunada en la creación de una ley que venga a reducir la tramitología estatal, que ahuyenta y restringe los flujos de inversión.
Así responden a la caída en los índices de competitividad que presenta el país en los últimos reportes de Doing Business y del Foro Económico Mundial (WEF), al descender 10 y ocho puestos, respectivamente, en las mediciones 2017-2018.
Para mañana está prevista una reunión donde representantes de Honduras 20-20 y Prohonduras definirán los alcances del proyecto, anunció la designada presidencial, María Antonia Rivera, quien fue nombrada por el Ejecutivo para sacar adelante la simplificación.
“Vamos a hacer un solo esfuerzo”, agregó, a la vez que recordó que al Presidente Juan Orlando Hernández “le pedí el apoyo para que hagamos una ley de simplificación, porque de nada sirve que queramos, si no tenemos la sustentación legal”.
“Él me dijo: dele viaje, pero le dije que también necesitamos una política y me respondió: hágalo”. Además, le pidió a Hernández el nombramiento de Coordinadora Nacional de Simplificación del Estado.
María Antonia Rivera, designada y a cargo del proyecto de simplificación.
BUSCAN CORRECTIVOS
Esta semana “vamos a tener ese decreto”, reveló también que a solicitud del Presidente, lanzarán una campaña para identificar a la institución pública más deficiente en temas de simplificación.
“Él quiere saber cuál es el trámite más inútil que actualmente se hace en algún ministerio, porque queremos poner correctivos”. Comentó que la idea va, aunque exista oposición entre algunas entidades.
Con este tipo de estrategias, el gobierno se propone reducir el tiempo y la cantidad de trámites que mantienen al país con bajos índices de competitividad. Según Doing Business, la caída de Honduras, entre múltiples causas, se debe a la tardanza en la emisión de permisos para construcción.
Asimismo, incide lo engorroso que resulta acceder a una licencia ambiental, registros sanitarios, o por la presión tributaria, a tal grado de calcular que una empresa destina un promedio de 244 horas para pagar impuestos. (JB)