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La Corte Suprema estadounidense suspendió por algunas horas una nueva ejecución a base de inyección letal prevista en Misuri (centro), aunque podría ocurrir el miércoles, tres semanas después de la larga agonía que vivió un condenado a muerte en Oklahoma.
Horas antes, una corte de apelaciones había suspendido la ejecución ante el riesgo de un «intolerable de sufrimiento», y mientras se encontraba debatiendo el caso el juez Samuel Alito, responsable por Misuri en la Corte Suprema, puso un alto en las argumentaciones jurídicas durante la noche hasta que la Corte pueda tomar una decisión final el miércoles.
Russell Bucklew, condenado a muerte por el asesinato de su rival amoroso y la violación de su exnovia, debía morir a las 00H00 locales del miércoles (05H00 GMT). Sus abogados argumentaron sobre el secreto entorno a la procedencia de los barbitúricos utilizados en las ejecuciones en Estados Unidos.
La Corte Suprema podría aprovechar este caso para crear jurisprudencia, mientras los recursos judiciales se multiplican ante los tribunales para cuestionar los nuevos procedimientos utilizados en las inyecciones letales, el secreto entorno a los fármacos empleados y el sufrimiento al que se enfrentan los condenados.
– Riesgo de «intolerable de sufrimiento» –
Bucklew, quien sufre de tumores vasculares en el cuello, causó una espectacular polémica la semana pasada al alegar que el cóctel letal utilizado en Misuri le provocaría la muerte mediante enormes sufrimientos, en violación de las normas legales vigentes.
Por ello, Bucklew pidió formalmente que su ejecución sea filmada, para que el video sea utilizado como evidencia de su sufrimiento al momento de la muerte.
Seis horas antes de la ejecución la corte de apelación concluyó que existía «una considerable probabilidad de que Bucklew gane el pleito sobre el hecho de que el procedimiento actual de ejecución (en Misuri) presenta un ‘riesgo objetivamente intolerable de sufrimiento'», según la corte.
Esta hubiese sido la primera ejecución en Estados Unidos después de la polémica muerte de Clayton Lockett el 29 de abril en Oklahoma (centro sur) tras una larga agonía, lo que reavivó la batalla entre partidarios y opositores a la pena capital en Estados Unidos y despertó fuertes críticas, incluso de la Casa Blanca.
Lockett murió 43 minutos después de que se le inyectara un cóctel letal con drogas que nunca habían sido probadas. Habitualmente los condenados mueren 10 minutos después de la inyección.
Bucklew «corría el riesgo considerable de una muerte atroz y prolongada a causa de su estado de salud poco común y grave», según un comunicado del defensor Cheryl Pilate.
Otra ejecución, prevista la semana pasada en Texas, fue suspendida a último momento por una corte de apelaciones para que se pueda demostrar o no la discapacidad mental del acusado.
«Incompatibilidad» con estándares internacionales
Más temprano la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió a las autoridades estadounidenses suspender la ejecución mientras analiza los argumentos presentados por los abogados de Bucklew.
Los abogados defensores alegan que «el método de ejecución es incompatible con estándares internacionales de derechos humanos», y que los estados de Misuri y Oklahoma «no han proporcionado información sobre los fármacos utilizados» en las inyecciones letales.
A raíz de la decisión de los fabricantes europeos de negarse a vender el anestésico más común (el pentobarbital) a quienes lo adquieren para ejecuciones humanas, los 32 estados de Estados Unidos que aún aplican la pena de muerte tienen dificultades para hallar barbitúricos.
Es así que recurren a preparados muy controvertidos disponibles en farmacias, pero no homologados por las autoridades federales.
Según una encuesta, el 59% de los estadounidenses están a favor de la pena capital contra el 35% que se opone. Pero dos tercios de los consultados prefieren otro método de ejecución, como la silla eléctrica, la cámara de gas o la horca.