Recibe actualizaciones en tiempo real directamente en tu dispositivo, suscríbete ahora.
Washington, D.C.
En relación con la demanda interpuesta en el caso de la Corporación Forestal e Industrial de Olancho, S.A., (CORFINO) contra el Estado de Honduras por Cortez Byrd y Simmons Lumber Company, la Corte Federal de Apelaciones del Segundo Circuito del Estado de New York ratificó hoy que el Estado de Honduras goza de inmunidad soberana y que la sentencia de 2003 no es ejecutable.
La Corte declara de manera categórica que el caso queda “cerrado.” Vale la pena destacar que esta sentencia se ha logrado luego de varios años de trabajo en la defensa del caso por parte de la Embajada de Honduras en Estados Unidos, la Procuraduría General de la Republica (PGR) y el abogado Juan Basombrio y su equipo de trabajo.
Este caso se inició en 1997 a raíz de un proyecto de un aserradero en Honduras, propiedad de CORFINO. Los socios comerciales del mismo iniciaron una lucha de poder por el control del referido aserradero y los beneficios financieros derivados del mismo.
Con fecha 23 de enero de 2013, la Corte Federal de Distrito Sur de Nueva York dictó una resolución mediante la cual resolvió que la sentencia de 2003 se podía ejecutar no solamente contra la Corporación CORFINO y demás demandados sino contra la República de Honduras y su Secretaría de Finanzas por la cantidad de U$217,000.000 (doscientos diecisiete millones de dólares), declarándolos como sucesor en interés a CORFINO.
La Defensa del Estado de Honduras ganó en primera instancia este juicio en septiembre de 2013 en la Corte de Nueva York y la parte demandante apeló esta sentencia del juez. Hoy en la audiencia de apelación, el Juez ha decidido ratificar la sentencia del Juez de Primera Instancia.
Este resultado representa una gran victoria para Honduras y demuestra el interés del Gobierno de la República en la defensa de los intereses nacionales.
El Embajador de Honduras en Estados Unidos, Jorge Milla Reyes, informó que el trabajo formal sobre este caso se inició durante la gestión del Embajador Jorge Ramón Hernández Alcerro y destacó el trabajo de la Procuradora General de la República de aquel momento, Ethel Deras.
La cooperación entre la Procuraduría y la Embajada se ha mantenido en los mejores términos y ha dado resultados sumamente satisfactorios en éste y otros casos.
Esta sentencia envía un mensaje claro a quienes pudieran pensar que Honduras es una presa fácil en tribunales extranjeros.
La Embajada de Honduras conoce de distintos procedimientos judiciales en los Estados Unidos, en algunos casos cuenta con la valiosa intervención de los Consulados, por ejemplo, los relacionados con procesos a ciudadanos hondureños. Han sido atendidos con especial diligencia los de algunos compatriotas que habían sido condenados a muerte.