Corrupción, el crimen organizado y la impunidad aumentaron violaciones a DDHH

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Tegucigalpa, Honduras.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, aseguró hoy que la vulneración de los derechos humanos aumentó en los últimos años en Honduras debido a factores incidentales como la delincuencia, la corrupción, el crimen organizado y la impunidad.

Declaró que las causas estructurales que, en la última etapa del siglo pasado, provocaron inestabilidad social, ingobernabilidad y otros efectos negativos en otros países de Centroamérica, hoy, también se manifiestan ampliamente, en Honduras, con diferentes expresiones de violencia social.

Lo anterior, según el ombudsman hondureño, está asociado a la presencia histórica persistente de la suma de ingredientes políticos, económicos, sociales, culturales que han determinado y mantienen la situación de pobreza, discriminación e injusticia social, en la cual vive la mayoría de la población, en Honduras.

Agregó que esa situación testimonia la violación sistemática, a lo largo del tiempo, de los derechos humanos de las personas y del pueblo, con énfasis mayor en grupos o sectores desfavorecidos o vulnerables.

Reiteró que la vulneración de derechos en particular contra la vida, la integridad física, salud, seguridad, trabajo, opinión y libre expresión del pensamiento, aumentó debido a una serie de factores incidentales entre los que mencionó la delincuencia, la corrupción, el crimen organizado y la impunidad.

De ahí surge, dijo Herrera Cáceres, el contrasentido con la razón de ser de la sociedad y del Estado y la institucionalidad correspondiente, cuyo propósito se declara jurídicamente ser el de protección, respeto, y cumplimiento de los derechos humanos de todos los habitantes, sin discriminación.

Comentó que ese contraste, entre lo que debería ser Honduras como Estado democrático y social de derecho y la realidad sociológica de las condiciones de vida del pueblo, facilita constatar que, en general, los sucesivos gobiernos no siguieron ininterrumpidamente el cauce democrático constitucional conducente a proteger y promover la dignidad humana de los habitantes.

Además, cuestionó la pasividad e indiferencia de la población ante esos comportamientos de los servidores públicos, y falta de participación activa de la sociedad para contribuir con su propio bienestar colectivo.

En el 2014, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos atendió 12,068 denuncias y quejas de la población de las cuales en 9,889 hubo restitución de derechos a las víctimas.

Según el defensor del pueblo esa situación plantea lo impostergable que es superar los aspectos negativos del pasado, uniendo y potenciando los aspectos positivos del presente y abriendo una nueva etapa de transformación social progresiva, utilizando como medio el cumplimiento, respeto y promoción de los derechos humanos, en su convergencia única en la dignidad de todos los habitantes.

“Es necesario que trabajemos unidos en el fomento de una cultura democrática mediante la educación en derechos humanos que debe abarcar la paz, la democracia, el desarrollo y la justicia social” declaró.

Indicó que oportunamente formuló recomendaciones al gobierno, en esa dirección, buscando favorecer el pleno desarrollo de la personalidad humana, del sentido de su dignidad y su aporte a la construcción de una sociedad libre donde prevalezca la no violencia, el diálogo, la comprensión, la tolerancia y la solidaridad.

Expresó que en el país hay un al clima generalizado de desconfianza hacia la institucionalidad pública, sin embargo, en lo que respecta a la vigencia efectiva de derechos humanos se percibe el inicio de tiempos diferentes que animan fe y expectativas de cambios positivos en aras de garantizar el goce y protección efectiva de los derechos humanos de la población.

Añadió que eso plantea, a la institucionalidad del Estado, la necesidad imperativa de una respuesta categórica de subordinación y acatamiento debido al imperio de la Constitución y de actuar acorde con el propósito democrático, constitucional o legal, para el cual las instituciones fueron creadas.

De igual manera, recomendó a la sociedad, subordinarse al imperio del derecho, participar activamente para robustecer la democracia y apoyar la creación y aprovechamiento de posibilidades ciertas para su desarrollo y bienestar.

En otras palabras, comentó Herrera Cáceres, toda la institucionalidad pública, al ejercer sus atribuciones y funciones debe favorecer el respeto y protección de la dignidad de la persona humana.

“Esa es la característica de la buena gobernanza del Estado y del perfeccionamiento democrático de la sociedad”, apuntó.

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