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Tegucigalpa, Honduras.
Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia conocerán este martes un recurso de reposición interpuesto alrededor del fallo emitido en semanas anteriores y que condena al Estado de Honduras a pagar más de 126 millones de lempiras a una empresa proveedora de suministros y equipo médico.
El caso ha explosionado en escándalo, dado que los miembros titulares de la Sala de lo Constitucional denunciaron a finales de la semana anterior que las firmas suyas que aparecen en el documento fueron falsificadas.
Los altos funcionarios del Poder Judicial explicaron que ellos conocieron de la demanda presentada por “Pharmasula” basada en el incumplimiento del pago de la compra, pero dejaron en suspenso el fallo hasta tanto No se completaran las investigaciones complementarias.
Posteriormente y mientras los magistrados se encontraban fuera del país, la Sala de lo Constitucional fue convocada y los cargos vacantes ocupados por suplentes.
Fue en esa oportunidad cuando se emitió una resolución que dejaba en firme lo dispuesto en primera instancia y que obliga al Estado de Honduras a honrar más de 126 millones de lempiras a la farmacéutica con sede en la zona norte del país.
El compromiso de pago fue adquirido y aceptado por la Secretaría de Salud por un monto de 61 millones de lempiras que al aplicar los intereses generados alcanzó la suma de 126 millones de lempiras.
Como se sabe, el fallo fue dictado en junio por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán y confirmada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en noviembre pasado.
En un comunicado presentado en las últimas horas, los magistrados Jorge Rivera Avilés, Tomás Arita Valle y Reina Solórzano, confirmaron su decisión de apartarse del conocimiento y resolución del recurso de reposición pendiente de ser evacuado este lunes.
La Confraternidad Evangélica demandó encarecidamente este día que las actuaciones de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia sean investigadas.
El líder religioso señaló que el Consejo Nacional Anticorrupción ejercerá una acción proactiva para llegar al fondo de las irregularidades que pudieran envolver aquellos casos que conoce la Corte Suprema de Justica, cuando los fallos emitidos por ese Poder del Estado van en menoscabo del Estado de Honduras.