Conadeh señala de responsables a la PMOP por la integridad física de trasladados a Támara

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) subraya que la Policía Militar de Orden Público (PMOP) tiene la responsabilidad primordial de asegurar la seguridad en los centros penitenciarios, convirtiéndose así en la entidad encargada de salvaguardar la integridad física y la vida de las personas trasladadas al Centro Penal de Támara.

Recientemente, se realizó el traslado de alrededor de veinte individuos que estaban recluidos en el Primer Batallón de Infantería al Centro Penitenciario de Támara.

Ricardo López, Director del Despacho, enfatizó que el Estado de Honduras ha recibido recomendaciones del sistema regional en materia de derechos humanos respecto a este tipo de centros anexos a las penitenciarías nacionales.

«La obligación del Estado hondureño es asegurar la seguridad de las personas privadas de libertad en cualquier lugar, ya que es responsable de su bienestar», afirmó.

López subrayó que la única libertad que se les suspende a estas personas es la de movimiento, pero conservan sus derechos a la integridad física, dignidad como seres humanos y a la vida. En consecuencia, el Estado de Honduras debe garantizar al 100% la seguridad de quienes están privados de su libertad, sin importar el centro penitenciario en el que se encuentren.

En cuanto a las afirmaciones de las autoridades penitenciarias de que cualquier percance que sufran las personas trasladadas sería resultado de la corrupción existente en los centros penales y no de ellos mismos, López indicó que no se puede atribuir un acto de corrupción únicamente a un individuo y no a una autoridad.

Cualquier situación de corrupción en centros penales involucra la responsabilidad del Estado, dado que es el encargado de la administración de dichos establecimientos, los cuales no están bajo control de entidades privadas.

El Comisionado reiteró que la Policía Militar de Orden Público es la autoridad investida con la responsabilidad de liderar los centros penitenciarios y, por tanto, de garantizar la seguridad física de todas las personas recluidas en estos lugares.

Espera que el Estado hondureño haya establecido los protocolos pertinentes para tomar las mejores decisiones en el momento de realizar un traslado de una persona privada de libertad de un centro a otro. También insta a considerar las recomendaciones del Sistema de las Naciones Unidas en lo que respecta a la protección de la integridad física y la vida de estas personas.

Subraya la importancia de analizar cada caso individualmente y determinar cuál es el lugar más adecuado para mantener a una persona a la que se presume podría estar en riesgo su integridad física debido a la naturaleza delicada del caso en su contra.

No obstante, antes de llevar a cabo estos movimientos, el Estado debió haber evaluado cuidadosamente y tomado las decisiones más acertadas para prevenir un daño irreversible en la integridad física de cualquier ciudadano, concluyó López.