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Tegucigalpa, Honduras.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) realizará una labor de auditor social y realizará acciones encaminadas a resolver la crisis alimentaria que afecta el 42% de los municipios del país, anunció hoy su titular Roberto Herrera Cáceres.
El funcionario exhortó a todos sus delegados, a nivel nacional, que tienen competencia en los 124 municipios afectados por la sequia, a seguir realizando acciones concertadas a nivel local y nacional para garantizar la seguridad alimentaria de los hondureños en este momento de crisis.
El ombudsman hondureño informó que el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos forma parte y actúa como supervisor en el funcionamiento del Comité Técnico Interinstitucional para la Gestión de Riesgo por Sequía que coordina el Comité Permanente de Contingencias (COPECO).
Declaró que en este momento se han identificado 124 municipios afectados por la sequía distribuidos en 13 departamentos del país.
Indicó que de los 124 municipios afectados que representan el 42% del total nacional, 64 se encuentran priorizados por la condición de crisis grave y 60 en crisis alta.
En el caso de los 64 municipios se estima que unas 76,712 familias de pequeños productores estarían afectados por el fenómeno de la sequía de los cuales 37,131 son productores de maíz, 14,075 productores de frijol y 25,506 de maicillo.
Los departamentos priorizados con crisis grave son El Paraíso en la parte sur occidente, Francisco Morazán, centro sur de Comayagua, Choluteca, Valle, el sur de los departamentos de La Paz, Lempira, Intibuca, Copán y Ocotepeque.
Herrera Cáceres comentó que en las actuales circunstancias un derecho fundamental que está siendo afectado es el que tiene toda persona a estar protegida contra el hambre y eso tiene que ver con la seguridad alimentaria de toda la población.
Agregó que en este momento es importante abastecer de alimentos a las personas que carecen del mismo y establecer sistemas seguros de producción y de distribución de alimentos para esas comunidades y para todos los habitantes en la República.
En su criterio, el Estado tiene que organizarse pero no para estar sufriendo estas crisis que tienen más de dos décadas de estarse produciendo anualmente.
Herrera Cáceres instó al Gobierno, al sector privado y la sociedad civil, a nivel local y nacional, a realizar acciones inmediatas de solidaridad, planificación, coordinación y movilización conjunta para determinar y aplicar medidas conducentes a garantizar el goce efectivo del derecho del pueblo a la alimentación.
CONADEH realizará labor de auditor social
El defensor de los derechos humanos, sostuvo que el CONADEH realizará una labor de auditor social y que cada uno de sus delegados estará vinculándose con la sociedad civil y sector privado para articular esa vigilancia, pero al mismo tiempo, contribuir a resolver el problema de la crisis alimentaria
“Tenemos que hacer que en todos los municipios traten de satisfacer localmente sus necesidades y en aquellos casos donde los recursos no sean suficientes complementarlos con el aporte del gobierno central y de la cooperación internacional”, apuntó.
Consultado sobre cuál sería el mensaje para los alcaldes municipales que enfrentan esta crisis alimentaria por la sequía, el ombudsman hondureño respondió que es el momento de asumir los grandes liderazgos.
Agregó que la seguridad alimentaria, es uno de los derechos fundamentales de los habitantes que residen en los 298 municipios del país.
Según Herrera Cáceres lo que está ocurriendo actualmente debe servir de lección para evitar en el futuro los incendios forestales y las talas ilegales.
Crisis alimentaria afecta 9 municipios de Comayagua
Investigaciones realizadas por el CONADEH determinaron que en el departamento de Comayagua la falta de lluvias afectó los cultivos de maíz y frijoles ocasionando una crisis alimentaria en los municipios de Ajuterique, Esquías, San José del Potrero, Comayagua, San Jerónimo, la Villa de San Antonio, San José, Minas de Oro y Lamaní.
El municipio de Esquías ha experimentado en los últimos tres años pérdidas, en un 70%, de los cultivos de maíz.