CONADEH insiste en una investigación profunda y no dejar impune la muerte de 46 privadas de libertad en Támara
Recibe actualizaciones en tiempo real directamente en tu dispositivo, suscríbete ahora.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) reiteró su llamado urgente a las autoridades hondureñas para que lleven a cabo una exhaustiva investigación sobre el sangriento suceso ocurrido en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS).
Este incidente, que tuvo lugar hace más de seis meses, resultó en la trágica muerte de 46 mujeres privadas de libertad y sigue sin resolverse.
El director del despacho del CONADEH, Ricardo López, destacó que han solicitado a la Secretaría de Seguridad un informe detallado sobre el progreso de la investigación en curso. Aunque el Fiscal del Ministerio Público, Roberto Blen, ha señalado la complejidad de identificar a los responsables, López subrayó la responsabilidad del Estado en esclarecer los hechos y sancionar a los culpables de acuerdo con la ley.
El CONADEH expresó su preocupación inicial en noviembre del 2023, cuando la Sub-Secretaría de Seguridad reveló información sobre la muerte violenta de las mujeres en PNFAS, indicando que los casquillos de las balas llevaban la inscripción «IMI-PN», asociada a la Industria Militar Israelí y asignada a la Policía Nacional de Honduras.
Para el CONADEH, estas revelaciones podrían interpretarse como una aceptación tácita del Estado respecto a la participación de agentes del orden en acciones ilícitas, especialmente ejecuciones extrajudiciales de mujeres bajo custodia.
El Fiscal Especial de Delitos contra la Vida, Roberto Blen, admitió la tragedia nacional, confirmando que la munición encontrada era exclusiva de la Policía Nacional. Aunque aclaró que no todas las armas policiales causaron las muertes, cuestionó la irresponsabilidad de las autoridades penitenciarias al permitir el ingreso de armas y municiones, evidenciando la fragilidad del sistema.
Blen también señaló la falta de personal para monitorear las cámaras de seguridad, lo que impidió detectar movimientos sospechosos. Calificó el incidente como una pluralidad de víctimas y victimarios, atribuyendo la responsabilidad de la investigación a la Fiscal Especial de Derechos Humanos.
A pesar de la prevista presentación del proceso criminal a finales del 2023, Blen anticipó que el caso será presentado ante los tribunales de la República tan pronto como esté completo. Destacó la necesidad de impartir justicia a quienes actuaron como autores, cómplices y coautores en este trágico suceso.
