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El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, dijo estar de acuerdo con llevar a cabo un combate efectivo contra la corrupción y la impunidad en el país, sin embargo, advirtió, que no se pueden menoscabar los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas.
“Como Defensor del Pueblo pido a las autoridades correspondientes recapacitar porque no se pueden estar ordenando indiscriminadamente detenciones de personas”.
Declaró que la detención es una medida privativa de la libertad que es uno de los bienes más preciados del ser humano.
Si se va a privar de la libertad a alguien, es porque se tienen suficientes elementos para decir que existe una idoneidad de las medidas, porque esas personas se van a fugar o van a obstaculizar el proceso, pero todo eso no está ocurriendo.
Cuestionó que a la gente que se detiene se le expone a una censura de parte de la sociedad, formando una opinión publica contraria hacia ellos.
Si se demuestra su inocencia ¿quién va a compensar todo ese daño?, se preguntó el ombudsman hondureño.
Expresó que el Estado tiene que asumir toda esa responsabilidad, por consiguiente, se tiene que ver la responsabilidad de las autoridades que, en este momento, están haciendo esto en forma generalizada.
En su criterio tiene que verse esto de conformidad a los parámetros internacionales y existe suficiente jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que puede mostrar que hay vulneración de derechos.
Esa situación tiene que reflexionarse, detenerse a la brevedad y llevar un combate efectivo contra la corrupción y la impunidad sin necesidad de menoscabar los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas, sostuvo.
El Defensor del Pueblo considera que cuando se violenta el principio de presunción de inocencia se crea una inestabilidad jurídica total en el país.
Explicó que la presunción de inocencia constituye la base fundamental que permite a los jueces desenvolverse libremente para que, al final, sea un juicio justo, con sentencias ajustadas a una responsabilidad penal, efectivamente comprobada.
Señaló que la forma en que se está llevando a cabo ese principio en Honduras, por ciertas autoridades, lamentablemente, lo que se está haciendo es condenando informalmente a las personas que gozan de la presunción de inocencia y eso no es aceptable en un Estado democrático y en un Estado de derecho.