Comisión Permanente del CN no puede aprobar reformas al Código Penal ni Procesal Penal, señala presidente del CAH

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El presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, manifestó este martes que la Comisión Permanente del Congreso Nacional no tiene la facultad de aprobar las reformas al Código Penal y Procesal Penal.

La Comisión Permanente del Congreso Nacional está convocada a una reunión este martes en el marco del Plan de Solución Contra el Crimen. En este contexto, Solórzano indicó que durante la reunión, Luis Redondo dará a conocer los acuerdos asumidos en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS).

Sin embargo, el presidente del CAH aclaró que la Comisión Permanente no puede aprobar reformas al Código Penal y Procesal Penal, ya que se requiere el voto de 65 diputados y la opinión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

“No procede la Comisión Permanente en este momento y hay que tener cuidado con lo que se aprueba porque lo que nace mal puede terminar en un vicio o la nulidad”, advirtió Solórzano.

Agregó que la Comisión Permanente no puede adoptar una serie de reformas porque no es su competencia, solo opera cuando se clausura el período de sesiones ordinarias.

El presidente del CAH sugirió que la reunión de la Comisión Permanente debería ser de la junta directiva del Congreso Nacional para convocar a una sesión con los 128 diputados y así aprobar las reformas penales.

Durante la reunión del CNDS el viernes pasado, se acordó que el Congreso Nacional apruebe las reformas al Código Penal y Procesal Penal, así como la Ley de Colaboración Eficaz, como parte de las acciones radicales para resolver la problemática del crimen organizado.

Solórzano destacó la necesidad de reformas en casos de delitos puntuales, como la extorsión, debido a que este delito, de índole privada, a menudo no es denunciado por las víctimas.

Aconsejó que, en el caso del delito de extorsión, el Estado de Honduras sea el ofendido y se considere un delito de orden público, basándose en que la mayoría de las víctimas no presentan denuncias.

Esta postura subraya la complejidad y la delicadeza del proceso legislativo, especialmente en temas tan críticos como la reforma del Código Penal y Procesal Penal.

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