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De acuerdo con lo anunciado por el Poder Ejecutivo, ya existe una posición encaminada en lo que respecta al incremento en el salario base de los empleados públicos; y es por ello que un equipo técnico será en encargado de elaborar diferentes propuestas que serán entregadas al presidente Hernández para elegir la mejor decisión.
Las dificultades mayores están ligadas con el ajuste en los ingresos de los empleados del sector privado. Los dirigentes obreros no han logrado acercar una propuesta con los empresarios.
Los dirigentes sindicales aseveran que no van a declinar en su postura que se resume en un ajuste salarial directamente proporcional con las necesidades de la masa obrera en medio de la crisis económica y del deterioro de las condiciones sociales de la población.
Y desde la perspectiva de los empresarios, un aumento en el salario-piso no contribuiría a mejorar la realidad de los hondureños, sino a desencadenar una mayor inflación y a empeorar los niveles de desempleo.
Los representantes de la iniciativa privada enfatizan en que en momentos en que la economía sufre los peores embates de la emergencia sanitaria y sus consecuencias, la mira debe estar puesta en la conservación de los trabajos que todavía están en pié y en la recuperación de los puestos labores que fueron sepultados con el cierre de los negocios durante la pandemia.
Los informes del propio Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), señalan la pérdida de entre 800,000 y un millón de trabajos como resultado del cierre de la economía y de la falta de un plan de medidas estratégicas y de alivio de parte del Gobierno.
Hay varias aristas que hay que analizar. Una de tales es que más del 60 por ciento de las empresas No cumplen con el pago del salario mínimo, un porcentaje que se ha elevado luego de la llegada de la pandemia.
Otro punto es que el salario mínimo cubre un pequeño segmento de la población. El grueso de hondureños están insertados en la economía informal y otro grupo importante de personas está subempleado o desocupado.
Siempre ha sido una prioridad que los empleados y los empresarios se pongan de acuerdo en lo relacionado con una nueva política salarial que incluya, entre sus componentes esenciales, la generación de empleo, la apertura de espacios de competitividad, la inversión, equidad tributaria, justicia social y desarrollo económico.
Para algunos entendidos, un primer paso en tal orientación sería la revisión del esquema de negociación que históricamente ha sido contradictorio y accidentado.
La clave está en reivindicar los derechos de los trabajadores y ofrecer a los empresarios un margen para proyectar sus inversiones, realizar los cálculos de costos de operación con base en indicadores más reales de inflación, productividad y relación cambiaria. Todo esto es «justicia laboral».
