COHEP exige aplicar ley a grupos que atenten contra proyectos mineros

Tegucigalpa, Honduras

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El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), ante los actos constitutivos de delito que se han venido ejecutando en diferentes lugares del territorio nacional, donde operan en forma legal diferentes proyectos de inversión extranjera y nacional, al sector privado en particular y a la población en general COMUNICAMOS:

 PRIMERO: Manifestamos que no estamos en contra del derecho de protesta pública, el cual es una libertad garantizada en nuestra Constitución, siempre que la misma se registre a través de actos pacíficos, pero en forma contundente y categórica rechazamos los actos de grupos irregulares de personas, que se han expresado como actos de violencia y constitutivos de delitos según nuestro ordenamiento jurídico nacional, por atentar en contra de la seguridad de las personas, la propiedad privada, el derecho al trabajo, el derecho a la libertad de empresa, inversiones, entre otros.

SEGUNDO: Lamentamos las pérdidas económicas que se han materializado a través de estos actos violentos de grupos irregulares, así como la preocupación que nos genera la falta de acciones por parte de los diferentes operadores de justicia en el país, quien por falta de acciones concretas en contra de estos grupos delictivos, mantienen paralizados mas de 2,822 Millones de Dólares lo cual es imperdonable en un país que requiere inversión para la generación de empleos.

TERCERO: Con estas manifestaciones vandálicas y delictivas, se paralizan además los proyectos de gestión social para el desarrollo de las comunidades, de las organizaciones y de las empresas solidarias que se conforman entorno a estos proyectos de inversión, los cual es indispensable para el desarrollo económico y social de Honduras.

CUARTO: Exigimos respeto del Estado de Derecho, pedimos a los diferentes operadores de justicia, que realicen las acciones que en el marco de su competencia les corresponden, siendo necesario para ello que se contemplen el trabajo en equipo de los diferentes operadores de justicia, para poner fin a este flagelo que lo único que hace es beneficiar a unos pocos, que se aprovechan de estos actos vandálicos para extorsionar y chantajear a las comunidades y las empresas.

 

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