CNA nombra a 34 diputados como “improductivos” del Congreso Nacional

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“Congreso que votamos al Congreso que tenemos”, el segundo informe de El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), dónde revela la labor y producción legislativa. Indicando que 34 diputados propietarios no presentaron iniciativas de ley.

Como también, 18 congresistas que presentaron 6 o más proyectos de ley, mientras que 116 legisladores promovieron entre 1 y 5 proyectos de ley.

La producción de los diputados por departamento refleja que los representantes de Francisco Morazán y Cortés presentaron la mayor cantidad de proyectos, pero el porcentaje de aprobación es de 11 y 7 por ciento, respectivamente.

Así mismo, muestra la distribución de la producción legislativa de cada partido político; Libertad y Refundación (Libre), impulsó 178 proyectos, el Partido Nacional 109, el Partido Salvador de Honduras (PSH) 65, el Partido Liberal 58 y la Democracia Cristiana 5.

También la mayoría de los proyectos aprobados en función de su finalidad corresponden a tres categorías: contratos y convenios, condecoraciones, días nacionales y reformas. Los diputados propietarios presentaron 337 iniciativas y los suplentes 78. El Poder Ejecutivo remitió 36 iniciativas de ley.

En relación a las 36 iniciativas promovidas por el Ejecutivo, se aprobaron 46 debido a que un solo proyecto a veces deriva en varios decretos.

En cuanto, a la asignación y ejecución del presupuesto del Congreso Nacional, durante el año 2022 alcanzó un 62.49 por ciento, con respecto a lo asignado, mostrando una subejecución que a la vez refleja una “débil planificación” en la formulación y erogación de recursos por parte de este poder del Estado.

La transparencia y rendición de cuentas por parte del Congreso Nacional continúa siendo una “tarea pendiente”. Prueba de ello, fue el otorgamiento de una “subvención” a algunos congresistas para ser utilizada de manera discrecional, pues hasta la fecha se desconoce quienes recibieron dichos fondos y en qué los ejecutaron, señaló el CNA.

Lo anterior es una práctica que se llevó a cabo en administraciones gubernamentales pasadas, siendo fuertemente cuestionada por diversos sectores, incluidos diputados y diputadas que en la presente legislatura recibieron fondos por este concepto.

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