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Tegucigalpa, Honduras.
El Congreso Nacional nombró la noche de este miércoles, la comisión especial multipartidaria que se encargará de desarrollar el proceso de audiencias públicos de candidatos a nuevos tres magistrados del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), cuya elección deberá realizar la Cámara Legislativa en diciembre próximo.
En ese sentido, la presidenta en funciones del Congreso Nacional, Gladis Aurora López nombró en la comisión a los diputados Mario Alonso Pérez (PN), quien la preside, Welsy Vásquez (PN), Carmen Rivera (PN), Jeffrey Flores (PN), José Alfredo Saavedra (PL), Hugo Hernández (PL), Víctor Sabillón (PL), Beatriz Valle (Libre), Francisco Paz (Libre), Ana Joselina Fortín (PAC), Marlene Alvarenga (PAC), Augusto Domingo Cruz Asensio (Vamos), Doris Gutiérrez (Pinu) y Edwin Pavón (UD).
López explicó que la Constitución de la República manda la realización de audiencias públicas por lo que hay que nombrar la comisión especial multipartidaria para manejar un proceso tan importante para el país, audiencias que deberán concluir a inicios de diciembre próximo.
Ley General de Archivos
En la sesión de este miércoles se aprobó en segundo debate, desde el artículo uno al artículo 8 de la Ley General de Archivos, introducida a la Cámara Legislativa por el diputado de Libertad y Refundación (Libre), por Francisco Morazán Rasel Tomé, cuyo objetivo es la organización, rescate, restitución, clasificación, investigación, protección, restauración, fomento y promoción del patrimonio documental de la nación.
Ley Orgánica de la Policía
En la sesión de este miércoles se aprobó en primer debate en su totalidad, desde el artículo 64 hasta el artículo 118 de la nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional que tiene como objetivo establecer las bases jurídicas fundamentales y generales que regulan la organización, composición, dirección, coordinación y funcionamiento de la Secretaría de Seguridad.
Asimismo, contempla la nueva organización, composición, coordinación y funcionamiento de la Policía Nacional, la cual estará regulada por su legislación especial dirigida por el presidente de la República, quien ejercerá su coordinación, dirección y supervisión por medio del secretario de Seguridad.
En el decreto se describen las funciones que le corresponden a la Secretaría de Seguridad que incluyen los planes y proyectos de seguridad ciudadana, lo relativo al mantenimiento y restablecimiento del orden público para la pacífica y armónica convivencia, la prevención, investigación criminal, combate y control del delito, faltas e infracciones, la seguridad de las personas, su vida o libertades y derechos humanos.
La ley crea la Dirección de Control de los Servicios Privados de Seguridad y otra dependencia denominada Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol), creada específicamente para la depuración policial, así como la Dirección de Inteligencia Policial y la Dirección Policial de Telemática.
En su organización política, la Secretaría de Seguridad contará con una Subsecretaría de Prevención y Derechos Humanos y la Subsecretaría de Asuntos Institucionales y a nivel coordinador, la Secretaría General, Archivo General, Registro y Control, Nivel de Control Interno.
Además, en auxilio a la preservación del medio ambiente, la modalidad pública, los bienes públicos y privados, prevención y represión de la migración ilegal y clandestina, el registro y control de armas y explosivos, control de los servicios privados de libertad y asuntos concernientes a la educación, formación y capacitación de los miembros de la Policía Nacional.
Asimismo, como de las acciones que sean necesarias en coordinación con otras autoridades para el efectivo combate al narcotráfico, el terrorismo, el crimen organizado, contrabando y la defraudación fiscal.
En la sesión de hoy, se aprobaron aspectos de la ley como la Dirección Policial de Telemática (DPT), el nivel operativo que consta de las direcciones de la Policía que tendrán su sede en Tegucigalpa, así como la estructura territorial que comprende las jefaturas departamentales, unidades metropolitanas, jefaturas municipales, distritos policiales y estaciones y subestaciones de Policía.
Asimismo, se aprobó el capítulo que se refiere a las diferentes dependencias con las que contará ahora la Dirección de la Policía Nacional entre las que sobresale la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte que sustituye a la Dirección Nacional de Tránsito, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Dirección Nacional de Fuerzas Especiales, Dirección Nacional de Protección y Servicios Especiales para protección a dignatarios, Dirección Nacional Policial Antidrogas, Dirección Nacional de Servicio Policial de Fronteras y Dirección Nacional de Educación Policial.
Además el capítulo referente a la Carrera Policial y centros de formación policial, régimen del personal auxiliar, categorías de oficiales superiores, subalternos, clases y agentes de Policía, otorgamientos de grados, ascensos, inhabilitación de los ascensos, evaluación de desempeño y conducto, obligaciones, derechos y deberes del personal de la Secretaría de Seguridad, certificación mediante pruebas de confianza, suspensiones, suspensiones por medida cautelar, política de bienestar social y salud, certificación y confiabilidad de personal, seguridad social, presupuesto, salario policial y reglamentos.
En la sesión de este miércoles, se aprobó en primer debate, la iniciativa introducida a la Cámara Legislativa por el diputado nacionalista por Santa Bárbara, Mario Pérez, introdujo un proyecto de ley para crear el Centro Regional de Agricultura Pompilio Ortega en el municipio de Macuelizo, Santa Bárbara, como centro asociado de la Universidad Nacional de Agricultura (UNA), de Catacamas aprovechando la infraestructura con que cuenta ese centro educativo.
Manifestación e iniciativas de ley
En la sesión de este miércoles la diputada de Vamos por Atlántida, Audelia Rodríguez, presentó una manifestación en la que esa institución política define su posición respecto a las reformas electorales mediante el diálogo convocado por el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva y en la que manifiestan su respaldo a la propuesta de regulación de la reelección presidencial y se apruebe la ley que controle el financiamiento de las campañas electorales, entre otras.
Vamos propone que la custodia de las mesas electorales esté en manos de ciudadanos electos por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) mediante sorteo, con categoría de funcionarios electorales y evitar que activistas de partidos tengan posibilidad de manipular resultados. Exigen también que los partidos políticos acrediten observadores entre las mesas receptores de votos, durante el desarrollo de todo el proceso electoral.
En la sesión de este miércoles, la diputada liberal por Francisco Morazán, Waldina Paz, presentó un proyecto de decreto orientado a interpretar de forma auténtica y legislativa el decreto 118-2013 en relación a los artículos 1, 9 numeral dos, 3 y 47 del decreto 24-2008 que contiene la Ley de Protección al Consumidor en relación al artículo 18 de la Ley General de la Industria Eléctrica en el sentido que ni en el decreto 118-2013 y por ende ni en los instrumentos legales o técnicos derivados del mismo, el Estado de Honduras autorizó a la implementación del sistema prepago, por lo cual es totalmente ilegal y similar para la distribución y cobro de los servicios prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y los demás relacionados con el referido contrato.
Se autoriza al comité técnico del fideicomiso creado en la cláusula 18 del contrato de fideicomiso para la recuperación de pérdidas en los servicios prestados por la ENEE para la ejecución del componente de distribución y flujo financiero mediante la constitución de una alianza público privada aprobada mediante el decreto 118-2013 para que a su vez autorice al desarrollador o inversionista la utilización alternativa de modalidades de distribución y cobro distintas a las prestadas por la ENEE antes de la entrada en vigencia del referido decreto exclusivamente para los casos de deudores morosos previo plan de pago o para aquellos casos que demuestren técnicamente a criterio de la gerencia técnica de la estatal eléctrica que no sean fiables los mecanismos tradicionales.
Por su parte, el diputado nacionalista por Choluteca, Carlos Ledezma, presentó una iniciativa encaminada a decretar una amnistía tributaria en el pago de la multa del cinco por ciento que establece la Ley de Declaración de Divisas provenientes de las exportaciones siempre y cuando se hayan previamente replanteado los valores correspondientes a divisas para lo cual se establece un plazo de seis meses a partir de la fecha de publicación del decreto.
Entretanto, el diputado liberal por Gracias a Dios Seth, Paisano, presento un proyecto de ley orientado a crear la Zona Especial Autónoma de Desarrollo Administrativo de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños del departamento de Gracias a Dios.
De su lado, el diputado nacionalista Marvin Rivera, presentó una iniciativa encaminada a que el tratamiento establecido en el capítulo siete de la generación de energía eléctrica con combustibles derivados del petróleo de la Ley de Equidad Tributaria contenida en el decreto 51-2003 reformado que contiene la Ley de Racionalización de la Exoneración de Combustibles para la Generación de Energía Eléctrica y las contenidas en el decreto 181-2012 que contiene la Ley de Racionalización para la Exoneración de Combustibles para la Generación de Energía Eléctrica, comprende los siguientes combustibles: Bunker C, diesel, gas natural y es aplicable también al carbón mineral utilizado para la producción de energía eléctrica.
La diputada nacionalista por Atlántida, Carmen Esperanza Rivera, presentó una iniciativa orientada a crear la Ley Nacional de Salud Mental que contiene 43 artículos que incluye los capítulos de los derechos y garantías, definiciones, ámbito de aplicación, derechos de las personas con padecimiento mental, modalidad de abordaje, equipo interdisciplinario y el internamiento.
En la parte de correspondencia se conocieron iniciativas enviadas por la secretaría ejecutiva del Consejo de Ministros como la Ley de Bomberos de Honduras; contrato de fideicomiso para la administración del fondo de reconversión de productores de granos básicos y el acuerdo ejecutivo 09-DGAJTC-2016 contentivo del acuerdo entre la República de Honduras y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
La presidenta en funciones del Congreso Nacional, Gladis Aurora López, suspendió la sesión y convocó para una nueva reunión mañana jueves a las 10:00 de la mañana.