CN aprueba reforma para brindar protección a jueces que conocen juicios de extradición

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Tegucigalpa, Honduras.

Con dispensa de dos debates, el Congreso Nacional aprobó este martes un proyecto de decreto orientado a reformar la Ley de Protección Especial de Funcionarios y Ex Funcionarios en Riesgo Extraordinario, a fin de incluir en la misma a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), principalmente ahora que actúan como jueces con jurisdicción nacional para conocer los casos de extradiciones.

El anteproyecto de ley fue dictaminado por la comisión de legislación y asuntos constitucionales y presentado a consideración del pleno por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el diputado del partido Libertad y Refundación (Libre), Jorge Luis Cálix, orientado a reformar los artículos tres literal b y cuatro literal b del decreto 323-2013 que contiene la Ley de Protección Especial de Funcionarios y Ex Funcionarios en Riesgo Extraordinario.

Alto riesgo

El prosecretario del Congreso Nacional, José Tomás Zambrano, aclaró que primero esa iniciativa fue enviada a la secretaría por el presidente del Congreso Nacional el 10 de septiembre pasado y se incluyó en el dictamen por consideración el anteproyecto presentado por el diputado de Libre, Jorge Luis Cálix que fue introducido ante el pleno la semana pasada, aún y cuando el mismo es idéntico, una copia fiel y literal que envió el Poder Judicial.

Mientras tanto, el secretario de la Cámara Legislativa, Mario Pérez, explicó que la CSJ está divida en varias salas que conocen de los recursos que por ley les compete y que constitucionalmente también hoy los magistrados son los encargados de conocer sobre los casos de extradición por lo cual muchos de ellos están en alto riesgo.

Agregó que asimismo, la reforma busca también posibilitar que no sólo los fiscales y jueces que se dedican a atender los casos o juicios de crimen organizado, reciban protección en virtud que ellos constantemente están siendo rotados y en ese sentido, pueden tener siempre un riesgo el fiscal y el juez y sus familias en vista de los juicios que ya llevó.

“La reforma busca que también se les de protección a jueces y fiscales que estén en riesgo sin hacer una distinción a que fiscalía especial pertenezcan o desempeñen sus labores y en virtud de los lamentables hechos que han ocurrido que han enlutado al pueblo hondureño y que son muy lamentables, creemos que es urgente aprobar esta enmienda”, apuntó Pérez quien presentó una moción que fue aprobado para dispensar dos debates al proyecto de ley.

En ese sentido, se reforman los artículos tres literal b y cuatro literal b del decreto 323-2013 que contiene la Ley de Protección Especial de Funcionarios y Ex Funcionarios en Riesgo Extraordinario.

Ahora el artículo tres literal b establece que contarán con protección especial del Estado, los magistrados y magistradas y ex magistrados y ex magistradas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), jueces y fiscales en alto riesgo, el o la titular de la Fiscalía General de la República, Fiscalía General Adjunta, ex fiscales generales de la República, ministros, ministras y ex ministros o ex ministras de Seguridad y Defensa Nacional, presidente, presidenta, ex presidente o ex presidenta de las comisiones de seguridad y defensa nombradas por el Congreso Nacional así como los miembros de dichas comisiones cuando así lo aconseje el caso concreto conforme al análisis del riesgo sugerido.

Por su parte, el artículo cuatro literal b, ahora indica que los esquemas de protección especial para los funcionarios y ex funcionarios incluyen a los presidentes o presidentas, ex presidentas o ex presidentas del Congreso Nacional, magistrados, magistradas, ex magistrados y ex magistradas de la CSJ, incluidos su presidente o presidenta, ex presidentes o ex presidentas, el o la titular de la Fiscalía General, Fiscalía General Adjunta y los ex fiscales generales de la República y los jueces y fiscales en alto riesgo por la Unidad Especial de Protección.

A petición del diputado nacionalista por Francisco Morazán, Oswaldo Ramos Soto, se guardó un minuto de silencio en memoria del las fiscales Marlene Banegas y Olga Patricia Eufragio, asesinadas el viernes en San Pedro Sula.

Protección a defensores de derechos humanos y periodistas

Por otro lado, el presidente de la comisión ordinaria de justicia y derechos humanos Yuri Sabas, hizo una presentación sobre el anteproyecto de la Ley de Protección a Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia en la que se refirió al amplio proceso de socialización de la iniciativa que incluyó las consultas y aportes de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el tema de derechos humanos, gremios de periodistas, abogados, directores de medios de comunicación, organizaciones de jueces y magistrados, fiscales, Policía Nacional, Fuerzas Armadas y la Dirección de Investigación e Inteligencia del Estado.

Sabas destacó el trabajo de todos los miembros de la comisión multipartidaria cuyo interés es aprobar una ley sin distingo de colores políticos y alejando cualquier ideología y ya se cuenta con las recomendaciones de todas las organizaciones con las que se ha socializado el anteproyecto de ley.

Señaló que en todas las reuniones que sostuvo la comisión el tema toral fue la existencia de un respaldo presupuestario claro y en ese sentido, la comisión envió a la junta directiva del Congreso Nacional, una solicitud a la Secretaría de Finanzas para saber el respaldo presupuestario para que la ley funcionara y eso fue lo que detuvo que la misma entrara a su tercer debate.

“Gracias a Dios, el día de hoy recibimos un comunicado de parte del Ejecutivo que ya tienen el respaldo presupuestario correspondiente, nosotros recibimos un llamado de la junta directiva para que entráramos en el tercer debate, pero de manera muy respetuosa toda la comisión solicitamos que primero nos vamos a reunir el día de mañana para sacar todos los detalles y pediría que mañana por la tarde le entráramos al tercer debate”, pidió Sabas quien recalcó que este tema no se debe politizar ni ideologizar.

Ley Contra el Lavado de Activos

En la sesión de este martes se aprobaron en primer debate del artículo 46 al 76 del anteproyecto de la nueva Ley Contra el Delito de Lavado de Activos, que fue introducido a la Cámara Legislativa por el diputado nacionalista, David Chávez y dictaminado por la comisión ordinaria de seguridad y prevención ciudadana.

Con esta legislación se permitirá enjuiciar a terceras personas que estén involucradas en ese ilícito con penas que van de 15 a 20 años de prisión a quienes incurran en el delito de lavado de activos en los recursos que provengan directa o indirectamente de los delitos de tráfico ilícito de drogas, tráfico de personas, tráfico ilegal de armas, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros, secuestro extorsión, financiamiento al terrorismo, terrorismo, tráfico de influencias y delitos conexos.

En el anteproyecto de ley, se endurecen las penas y amplía la lista de delitos. La legislación actual juzga a los ciudadanos que están involucrados directamente en malversar dineros de narcotráfico, caudales públicos, tráfico de personas, estafas o fraudes. La iniciativa complementará a otras leyes, facilitando a los entes impartidores de justicia perseguir, castigar y penalizar el delito a familiares y amigos de los que malversen o laven dinero.

En la legislación se destaca la estrategia de asegurar y decomisar los bienes a terceros, una medida que antes no era utilizada y ahora se perseguirá el lavado de activos proveniente de la corrupción, mala administración, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.

Las penas en la nueva Ley Contra el Delito de Lavado de Activos son más severas ya que la ley actual ha dado muy pocos resultados y por eso se busca mejorar. En ese sentido, se contemplan sanciones de 100 a 500 salarios mínimos mensuales más altas de la zona donde se incumpla la ley y los recursos generados por las sanciones firmes será un 60 por ciento para las instituciones administrativas que impusieron la multa y 40 por ciento para la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) y deberán ser utilizados exclusivamente para fortalecer los procesos de prevención, detención y supervisión de los delitos tipificados en esta ley y en la Ley Contra el Financiamiento del Terrorismo.

Con la nueva normativa se busca darle un golpe duro a las organizaciones de delincuentes, crimen organizado y narcotráfico y un elemento valioso es que con esta se perseguirá a quienes tengan bienes que provengan de ilícitos.

Asimismo, se crea la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), adscrita a la presidencia de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y la Superintendencia de Sociedades Mercantiles, para monitorear movimientos financieros y creación de empresas, será una unidad muy técnica que estará permanentemente vigilando transacciones atípicas que podrían tener personas naturales y jurídicas. Asimismo, se crea la figura del agente encubierto.

Las reformas a la ley fueron consensuadas con sectores involucrados en el combate al delito del narcotráfico, como el Ministerio Público, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, así como la Corte Suprema de Justicia, entre otros.

Colegio de Microbiólogos

Asimismo, con la presencia de miembros del Colegio de Microbiólogos, se aprobaron en tercer y último debate del artículo 12 al 18 del dictamen emitido por la comisión ordinaria de salud a la iniciativa presentada por la diputada nacionalista por Cortés, Welsy Vásquez, orientada a reformar varios artículos y literales de la Ley Orgánica del Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Honduras, donde se crea el Fondo Social de Microbiólogos (Fosomi), que será un una entidad de auxilio social sin fines de lucro creada para el beneficio exclusivo de sus afiliados y cuya inscripción es obligatoria para todos los profesionales de esa rama.

Exención para computadoras

En la sesión de este martes también se aprobó en primer debate el proyecto de decreto dictaminado por la comisión ordinaria de finanzas y cooperación internacional y presentada el 24 de abril pasado por el diputado liberal por Cortés, Walter Rolando Romero encaminado a interpretar el artículo uno del decreto 278-2013 que contiene la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Control de las Exoneraciones y Medidas Antievasión.

En ese sentido, se reforma por adición el artículo dos del decreto 278-2013 en el sentido de adicionar a la lista de exenciones el decreto 79-91 y asimismo, se reforma el artículo uno del 78-91 en el cual para efectos de importación, se entenderá por computadoras aquellos equipos con dispositivos de entrada y salida conocidos como hardware que son administrados por drivers y utilizados por software.

Las computadoras, sus accesorios, partes y repuestos que gocen de ese beneficio, se encuentran clasificados en diferentes partidas arancelarias.

La presidenta en funciones del Congreso Nacional, Gladys Aurora López, cerró la sesión y convocó para una nueva reunión mañana miércoles a las 2:00 de la tarde.

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