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Tegucigalpa, Honduras.
El Congreso Nacional aprobó este jueves en tercer y último debate, 18 de los 97 artículos del proyecto de Ley Especial Contra el Delito del Lavado de Activos, donde además se incluye la lucha contra la corrupción pública y establece sanciones más severas para los culpables de formas de blanqueo de dinero y que se concatena con otras legislaciones orientadas a implementar figuras anticorrupción..
En la discusión participaron cuatro representantes de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), mientras que el presidente de la comisión especial dictaminadora, José Tomás Zambrano, explicó que la iniciativa fue enviada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y ha sido socializada con la CNBS, Ministerio Público, Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), Banco Central de Honduras (BCH) y los diferentes órganos y entes del Estado que trabajan en la investigación y judicialización de las causas del delito del lavado de activos.
En la exposición de motivos del proyecto de ley, se arguye que en los últimos años y un sinnúmero de estudios que demuestran que el 20 por ciento del dinero que mueve el crimen organizado en Centroamérica es blanqueado en Honduras, esto con lleva a mover una cartera de 16 mil millones de dólares a lo largo y ancho del país.
En ese sentido, Zambrano explicó que esta ley es un requerimiento al Estado de Honduras por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el blanqueo de capitales, para que el país no aparezca en una lista gris en las evaluaciones que se van a estar ejecutando en los próximos meses, en la que estuvo el país hace un par de años.
Añadió que como exigencia ante esa situación, se pidió a Honduras un par de iniciativas como la Ley de Extinción de Dominio y la Ley Contra el Financiamiento al Terrorismo y gracias a que se aprobaron en el Congreso Nacional anterior, Honduras ya salió de salió de esa lista gris.
Asimismo, los altos índices de muertes y violencia en Honduras, son generados por hechos ilícitos que generan actividades como tráfico ilícito de drogas, tráfico de personas, tráfico de influencias, tráfico ilegal de armas, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros en las actividades públicas o privadas, secuestro, terrorismo y delitos conexos o que no tengan causa o justificación económica legal de su procedencia.
La nueva Ley Contra el Lavado de Activos, viene a armonizar diferentes estamentos jurídicos en el país con la Ley Contra el Financiamiento del Terrorismo, la ley sobre privación definitiva de dominio de los bienes de origen ilícito y la ley sobre el uso indebido de tráfico de drogas.
“Viene a armonizarlas porque en esta lucha no pueden existir contradicciones o incongruencias en la legislación penal sobre todo en esta lucha contra el delito del lavado de activos”, acotó Zambrano.
Enumeró que la nueva normativa contempla aspectos importantes ya que su finalidad es que viene establecer las medidas de prevención, detección y combate al lavado de activos como forma de delincuencia organizada.
Asimismo, la manera en que se fijan las medidas precautorias para asegurar la disponibilidad de los bienes que han sido incautados en la lucha contra el delito de lavado de activos y en ese sentido, la nueva ley no sólo establece las sanciones por esa conducta sino que se crea una comisión interinstitucional contra ese delito así como la prevención del delito del blanqueo de dinero y financiamiento al terrorismo.
Esa comisión elaborará las políticas públicas de prevención y combate a ese delito para lo cual van a integrar diferentes entes y organizaciones que trabajan en el tema y se hará un mantenimiento de los registros para que tengan de manera completa y diligente los reportes y requerimientos que realiza la unidad de inteligencia financiera.
Agregó que con la nueva ley, se deja claramente establecido que toda persona para transportar transfronterizamente más de 10 mil dólares o su equivalente tiene que hacer una declaración ya que actualmente esa disposición se ejecuta mediante un mandato del BCH y la CNBS.
Igualmente se establecen y se agregan muchas cuestiones reglamentarias que en este momento la CNBS trabaja en la información y la colaboración con el Ministerio Público en la supervisión de los sujetos obligados.
La nueva normativa también habla de la autonomía de la acción penal en todos los delitos del crimen organizado y sobre todo el tema del mal manejo de los recursos del Estado y los delitos contra la administración pública, en esta nueva legislación en el delito de lavado de activos, se incluyen toda la gama de delitos de crimen organizado, se incorporan los delitos de extorsión o impuesto de guerra que está causando un grave daño a la población hondureña.
Explicó que en este momento el Ministerio Público ejecuta una investigación contra un funcionario y lo acusa por un delito en contra de la administración pública y determina que ese funcionario posee cuentas que van más allá de sus ingresos por salarios y patrimonio familiar, la Fiscalía solamente le puede entablar una acción por enriquecimiento ilícito establecido en el Código Penal y para poder actuar tiene que esperar la autorización del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
Sin embargo, con la nueva reforma se le da un instrumento al Ministerio Público para que pueda actuar contra un funcionario que ha violentado la administración pública y de encontrarse culpable se le aumentaría la pena en un cuarto a los entre 15 y 20 años de reclusión establecidos.
Igualmente, al Ministerio Público, se le otorgan nuevas modalidades de investigación que no las contempla la actual legislación y que incluyen la figura del informante, la entrega vigilada, el agente encubierto y la intervención de llamadas privadas.
Con esta legislación se permitirá enjuiciar a terceras personas que estén involucradas en ese ilícito con penas que van de 15 a 20 años de prisión. Esas penas serán para quienes incurran en el ilícito de lavado de activos en los recursos que provengan directa o indirectamente de los delitos de tráfico ilícito de drogas, tráfico de personas, tráfico ilegal de armas, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros, secuestro extorsión, financiamiento al terrorismo, terrorismo, tráfico de influencias y delitos conexos.
Con la nueva normativa se busca darle un golpe duro a las organizaciones de delincuentes, crimen organizado y narcotráfico y un elemento valioso es que con esta se perseguirá a quienes tengan bienes que provengan de ilícitos.
Para hacer efectiva la ley, se crea la Comisión Interinstitucional para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CIPLAF), que será encabezada por el presidente de la República a través del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.