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Tegucigalpa, Honduras.
El Congreso Nacional aprobó este miércoles en tercer y último debate, la totalidad el proyecto de decreto orientado a reformar el artículo 332 del Código Penal, donde se incluye la figura conocida como «beneficio premial», que consiste en reducir la pena hasta en dos tercios a los integrantes de pandillas que purguen prisión y presten colaboración eficaz para la investigación y persecución de miembros de un grupo delictivo organizado.
No obstante, ese beneficio no abarca a los líderes de estos grupos ni dirigentes de organizaciones criminales.
Reforma al Código Procesal Penal
El texto de la reforma establece que para la implementación y aplicación de esa prerrogativa se reforma por adición el Código Procesal Penal, añadiendo un nuevo capítulo de siete artículos relacionados con el procedimiento para otorgar el beneficio del beneficio premial.
La comisión dictaminadora arguye que la adopción de manifestaciones del derecho premial vienen a favorecer tanto la investigación y sanción, al mismo tiempo que se da la oportunidad para que las personas que han sido condenadas por este tipo de delitos y demuestren interés en colaborar con la identificación de integrantes y cabecillas puedan obtener una rebaja en la pena impuesta.
Fuerte castigo a jefes y cabecillas
Las reformas al artículo 332 del Código Penal conocidas como «Ley Antimaras», contemplan penas de entre 20 y 30 años de cárcel, pero al incrementarse en un tercio para los cabecillas de organizaciones criminales, la sentencia podría ser llegar hasta los 50 años.
Para la redacción final de este decreto, el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, nombró a la comisión de estilo integrada por los diputados Edwin Pavón León, Walter Alex Banegas y Hugo Hernández.
Actualmente, el artículo 332 del Código Penal establece penas de entre tres y seis años de reclusión y multa de 100 mil y 200 mil lempiras a los fundadores, cabecillas o conductores de pandillas o grupos ilícitos.
Sin embargo, con la nueva reforma, enviada por el Poder Ejecutivo y dictaminada por la comisión ordinaria de seguridad y prevención ciudadana, se amplían duramente esas penas hasta 20 y 30 años de prisión solo para los miembros de esas asociaciones ilícitas y la misma cantidad, pero aumentada en dos tercios, para los cabecillas al tiempo que se eleva la multa a 300 mil lempiras.
La reforma del decreto 332 del Código Penal, que cuenta con la opinión favorable de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), también amplía las penas de prisión contra los integrantes y cabecillas de maras que conspiren o atenten contra cualquier alto funcionario del Estado u operador de justicia y utilicen menores, personas de la tercera edad o mujeres en estado de embarazo para cometer sus crímenes.
El proyecto, enviado por el Poder Ejecutivo, está orientado a reformar el artículo 332 del capítulo tres de los delitos cometidos por los particulares, excediéndose en el ejercicio de los derechos que les garantiza la Constitución de la República, del título séptimo de los delitos contra la seguridad interior del Estado, del Código Penal, contenido en el decreto legislativo 144-82 reformado mediante decreto legislativo 117-2003.
La comisión de dictamen considera que para coadyuvar con el esfuerzo que desde los entes operadores de justicia se está realizando para contrarrestar la actividad delictiva que actualmente azota al país, gran parte de ella producto de acciones criminales planificadas y ejecutadas por bandas o grupos criminales, es necesario y urgente realizar una reforma al artículo 332 del Código Penal.
Aumento de las penas
No obstante, además es necesario implementar mecanismos para facilitar la investigación para la identificación y sanción de las personas que dirigen y participan en este tipo de delitos, por lo que un líder de una asociación ilícita que sea sentenciado purgará hasta 50 años de prisión, según los agravantes en su contra. Las penas contra los integrantes y cabecillas aumentarán un tercio cuando para el logro de sus propósitos utilicen a menores de edad, personas de la tercera edad, mujeres embarazadas u otras personas en estado de vulnerabilidad.
Asimismo, esa pena aumentará en un tercio cuando conspiren o realicen, independientemente del grado de ejecución, acciones constitutivas de delito contra los titulares de cualquiera de los poderes del Estado, juez o magistrado del Poder Judicial, fiscal del Ministerio Público, personal de seguridad de los establecimientos penitenciarios, Policía Nacional, militares en servicio activo, agentes de la Fuerza de Lucha contra el Narcotráfico y de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), siempre que el delito fuese cometido con ocasión o en el ejercicio de su cargo o función. A iniciativa del diputado Miguel Edgardo Martínez, en esta disposición también se incluye a los diputados al Congreso Nacional.
Sin embargo, considera necesario hacer ciertos ajustes al proyecto para garantizar una mayor efectividad de los fines pretendidos, dentro de esos ajustes menciona la reubicación del apartado referente al derecho premial; la reestructuración del mismo; y, una reforma al Código Procesal Penal, pues al ser una figura nueva en el sistema penal hondureño, no estaba previsto el procedimiento por el cual debe regirse.
En Honduras, según las autoridades, un gran porcentaje de los crímenes que están ocurriendo en el país es producto de una reacción de la presión que se está ejerciendo sobre los criminales y sus bandas, que han dado como resultado la extradición de jefes o cabecillas de estos grupos criminales.
Juntas de agua
En la sesión de este miércoles también se aprobó con dispensa de dos debates, un proyecto de decreto presentado por el diputado nacionalista por Yoro, Milton de Jesús Puerto y dictaminado por la comisión ordinaria de presupuesto, orientado a exonerar del pago de los valores adeudados y no pagados de las multas creados en el artículo 130 del decreto 275-2011 de las disposiciones generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, correspondientes al ejercicio fiscal 2012 a las juntas administradoras de agua y saneamiento.
La exoneración es válida hasta el 31 de marzo de 2015 y comprende también los años 2012, 2013 y 2014 y como requisito las juntas administradoras de agua deberán estar inscritas en la Unidad de Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles (URSAC), de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización.
En la aprobación de este decreto estuvieron la secretaria de las juntas administradoras de agua, Nilia Sunilda Duarte y Carlos Duarte, oficial de Plan Honduras.
Segundo debate
En la sesión de este miércoles, se aprobó en segundo debate, el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo y dictaminado por la comisión ordinaria de legislación y asuntos constitucionales, encaminado a reformar por adición el artículo tres de la Ley del Impuesto de Tradición Sobre Bienes Inmuebles.
Asimismo, se aprobó en segundo una iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo a través la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional y dictaminada por la comisión ordinaria de relaciones internacionales e integración regional, orientada a aprobar en todas y cada una de sus partes el acuerdo 005-DGTC que contiene la enmienda al Tratado de Protección de Armas Nucleares de América Latina y el Caribe (Tratado de Tlatelolco).
Se aprobó en primer debate el proyecto de decreto introducido al pleno por el diputado democristiano Augusto Cruz Asensio y dictaminado por la comisión ordinaria de medio ambiente y cambio climático encaminado a crear la Ley para la Conservación del Recurso Hídrico, Belleza Escénica y la Educación Ambiental para el manejo de la reserva biológica Yerbabuena, Lepaterique, Francisco Morazán, para lo cual se asignarán 900 mil lempiras en el Presupuesto General de la República a partir de 2016.
En la sesión de este miércoles, el diputado Marlon Lara, presentó un informe referente al conflicto estudiantil en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en el que destacó la solución y entrega pacífica de las instalaciones que permanecían tomadas en diferentes centros regionales.
Mientras tanto, el diputado nacionalista por Ocotepeque, Román Villeda, presentó un proyecto de decreto para que la secretaría de Finanzas, haga una modificación presupuestaria a favor de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis).
La diputada nacionalista por Atlántida, Carmen Rivera, presentó un proyecto orientado a reformar el artículo 140 del Código Penal para castigar con penas más duras a quienes abusan de niños y niñas, principalmente cuando se trata de parientes o allegados.
El presidente en funciones del Congreso Nacional, Antonio Rivera Callejas, suspendió la sesión y convocó para una nueva reunión mañana jueves a las 9:00 de la mañana.