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Tegucigalpa, Honduras.
El Congreso Nacional aprobó por unanimidad de todas las bancadas, varios artículos de dos leyes que contienen medidas de prevención y fuertes sanciones contra delitos como el testaferrato, asociación ilícita, encubrimiento, empresas fantasmas, financiamiento al terrorismo y lavado de activos como figuras anticorrupción.
En ese sentido, se aprobaron los 31 artículos de la Ley para la Regulación de las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD), cuyo objetivo es establecer las medidas para evitar directa o indirectamente el delito de lavado de activos.
Actividades y profesiones no financieras
La ley fue introducida a la Cámara Legislativa por el diputado José Tomás Zambrano, y el espíritu de la misma es prevenir que esas personas puedan ser utilizadas para participar directa o indirectamente en el delito de lavado de activos o financiamiento al terrorismo y asimismo, establece la facultad de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), para la supervisión, vigilancia y el cumplimiento de las medidas por parte de los sujetos obligados.
Los sujetos obligados como APNFD, son aquellas las personas naturales o jurídicas que se dedican a la actividad de arrendamiento, compra y venta de bienes inmuebles, que se dediquen a actividades de constituciones inmobiliarias, que se dediquen a la compra y venta de antigüedades, obras de arte, inversión u otros bienes suntuarios, que se dediquen a la compra, venta, arrendamiento y distribución de automóviles, que se dediquen a la compra venta de metales preciosos o a la compra, venta, elaboración o industrialización de joyas o bienes elaborados con metales preciosos.
Asimismo, que presten servicios de transferencia o envío de dinero realizados sistemáticamente o sustancial por medio de las actuales o que se pueden utilizar en el futuro, realizadas de forma magnética, electrónica, telefónica u otras formas de comunicación o venta de cheques de viajero, giros postales o cualquier otro documento título representativo de valor, que se dediquen de forma habitual a las actividades de prestamista no bancario, que se dediquen al servicio de blindaje de vehículos e inmuebles y que tengan como actividades el transporte o traslado de caudales, valores o dinero, que se dediquen de manera habitual a los juegos de azar tales como casinos, máquinas tragamonedas, bingos o loterías de forma tradicional o electrónica.
Además, que sean prestatarios o concesionarios de servicios postales o de encomiendas que realicen operaciones de giro de divisas y que se dediquen a la venta de pasajes y paquetes de viajes, que presten servicios de hospedaje tales como hoteles, moteles o pensiones sin importar su categoría o calificación, que presten servicios de casas de empeño o montes de piedad y las organizaciones no gubernamentales de desarrollo que reciban donaciones de terceros o del gobierno.
En cuanto a las profesiones obligadas instauradas como APNFD por encima de los montos establecidos por la CNBS, incluye a los contadores públicos que sin que medie relación laboral con la persona natural o jurídica que se dedique a las actividades y profesiones no financieras designadas y que realice transacciones a nombre o por cualquier cuenta del cliente; el que administre sociedades y servicios de auditoría externa.
También los abogados que sin que medie relación laboral con la persona natural o jurídica que se dedique a APNFD, actué a su nombre realizando la administración y manejo de recursos, valores u otros activos de su cliente, manejo de cuentas bancarias de ahorro o de valores, organización de aportaciones de capital o cualquier otro tipo de recursos para la constitución, operación o administración de sociedades mercantiles, constitución, extinción función, operación y administración de personas jurídicas o vehículos corporativos incluidos del fideicomiso y la compra y venta de entidades mercantiles e incluye también a los notarios que otorguen poderes.
A sugerencia de la diputada Gabriela Núñez, se incluyeron otros grupos como las importadoras, arrendadoras, compra y venta de vehículos terrestres, marinos o aéreos y prestación de servicios para la contratación de espectáculos públicos como conciertos musicales y se establece el monto de 10 mil dólares.
Ley Contra Lavado de Activos
El Congreso Nacional también aprobó este miércoles en tercer y último debate, siete de los 97 artículos del proyecto de Ley Especial Contra el Delito del Lavado de Activos, donde además se incluye la lucha contra la corrupción pública y establece sanciones más severas para los culpables.
El proyecto de ley contiene 97 artículos y en la discusión participaron cuatro representantes de la CNBS, mientras que diputados de todas las bancadas expresaron su apoyo y satisfacción por la aprobación de una de las leyes más importantes y emblemáticas de la presente legislatura.
El presidente de la comisión dictaminadora, José Tomás Zambrano, explicó que la iniciativa fue enviada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jorge Rivera Avilés y ha sido trabajada y socializada con la CNBS, Ministerio Público, Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), Banco Central de Honduras (BCH) y los diferentes órganos y entes del Estado que trabajan en la investigación y judicialización de las causas del delito del lavado de activos.
“Esta ley es un requerimiento al Estado de Honduras por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el blanqueo de capitales, para que el país no aparezca en una lista gris en las evaluaciones que se van a estar ejecutando en los próximos meses, en la que estuvo el país hace un par de años”, explicó Zambrano.
Añadió que como exigencia ante esa situación, se pidió a Honduras un par de iniciativas como la Ley de Extinción de Dominio y la Ley Contra el Financiamiento al Terrorismo y gracias a que se aprobaron en el Congreso Nacional anterior, Honduras ya salió de salió de esa lista gris.
Indicó que la nueva Ley Contra el Lavado de Activos, viene a armonizar diferentes estamentos jurídicos en el país con la Ley Contra el Financiamiento del Terrorismo, la ley sobre privación definitiva de dominio de los bienes de origen ilícito y la ley sobre el uso indebido de tráfico de drogas.
“Viene a armonizarlas porque en esta lucha no pueden existir contradicciones o incongruencias en la legislación penal sobre todo en esta lucha contra el delito del lavado de activos”, acotó.
Enumeró que la nueva normativa contempla aspectos importantes ya que su finalidad es que viene establecer las medidas de prevención, detección y combate al lavado de activos como forma de delincuencia organizada.
Asimismo, la manera en que se fijan las medidas precautorias para asegurar la disponibilidad de los bienes que han sido incautados en la lucha contra el delito de lavado de activos y en ese sentido, la nueva ley no sólo establece las sanciones por esa conducta sino que se crea una comisión interinstitucional contra ese delito así como la prevención del delito del blanqueo de dinero y financiamiento al terrorismo.
Esa comisión elaborará las políticas públicas de prevención y combate a ese delito para lo cual van a integrar diferentes entes y organizaciones que trabajan en el tema y se hará un mantenimiento de los registros para que tengan de manera completa y diligente los reportes y requerimientos que realiza la unidad de inteligencia financiera.
Agregó que con la nueva ley, se deja claramente establecido que toda persona para transportar transfronterizamente más de 10 mil dólares o su equivalente tiene que hacer una declaración ya que actualmente esa disposición se ejecuta mediante un mandato del BCH y la CNBS.
Igualmente se establecen y se agregan muchas cuestiones reglamentarias que en este momento la CNBS trabaja en la información y la colaboración con el Ministerio Público en la supervisión de los sujetos obligados.
La nueva normativa también habla de la autonomía de la acción penal en todos los delitos del crimen organizado y sobre todo, tal como ha manifestado su preocupación el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva y otros diputados, por el delito de la corrupción, el tema del mal manejo de los recursos del Estado y los delitos contra la administración pública, en esta nueva legislación en el delito de lavado de activos, se incluyen toda la gama de delitos de crimen organizado, se incorporan los delitos de extorsión o impuesto de guerra que está causando un grave daño a la población hondureña.
Explicó que en este momento el Ministerio Público ejecuta una investigación contra un funcionario y lo acusa por un delito en contra de la administración pública y determina que ese funcionario posee cuentas que van más allá de sus ingresos por salarios y patrimonio familiar, la Fiscalía solamente le puede entablar una acción por enriquecimiento ilícito establecido en el Código Penal y para poder actuar tiene que esperar la autorización del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
Sin embargo, con la nueva reforma se le da un instrumento al Ministerio Público para que pueda actuar contra un funcionario que ha violentado la administración pública y de encontrarse culpable se le aumentaría la pena en un cuarto a los entre 15 y 20 años de reclusión establecidos.
Igualmente, al Ministerio Público, se le otorgan nuevas modalidades de investigación que no las contempla la actual legislación y que incluyen la figura del informante, la entrega vigilada, el agente encubierto y la intervención de llamadas privadas.
Con esta legislación se permitirá enjuiciar a terceras personas que estén involucradas en ese ilícito con penas que van de 15 a 20 años de prisión. Esas penas serán para quienes incurran en el ilícito de lavado de activos en los recursos que provengan directa o indirectamente de los delitos de tráfico ilícito de drogas, tráfico de personas, tráfico ilegal de armas, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros, secuestro extorsión, financiamiento al terrorismo, terrorismo, tráfico de influencias y delitos conexos.
Con la nueva normativa se busca darle un golpe duro a las organizaciones de delincuentes, crimen organizado y narcotráfico y un elemento valioso es que con esta se perseguirá a quienes tengan bienes que provengan de ilícitos.
Para hacer efectiva la ley, se crea la Comisión Interinstitucional para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CIPLAF), que será encabezada por el presidente de la República a través del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.
Comercio electrónico
En la sesión de este martes se aprobaron en primer debate del artículo 15 al 28 del proyecto de decreto dictaminado por la comisión de legislación y asuntos constitucionales que contiene la Ley de Comercio Electrónico con lo que se vendrá a facilitar la creación de negocios a más bajo costo, mismo que fue introducido a la Cámara Legislativa por el diputado nacionalista por Atlántida, Rodolfo Irías Navas y que coincide con otra iniciativa similar presentada por el diputado de Unificación Democrática (UD), Edwin Pavón y dictaminada por la comisión ordinaria de legislación y asuntos constitucionales.
Mediante ese decreto, se busca incentivar la generación de microempresas porque la normativa permitirá la creación de negocios a más bajos costos y regula todo tipo de información en forma de mensaje de datos utilizada en el contexto de actividades comerciales.
Otro de los beneficios es que los microempresarios ya no tendrán que alquilar local, pagar seguridad, gastos de energía eléctrica, poner rótulo, impuestos municipales y de empleados, entre otros porque ahora con el comercio electrónico podrán vender productos en línea.
Actualmente no hay ninguna ley que permita el comercio electrónico en Honduras y quien lo hace solo puede recibir pagos mediante depósitos en cuenta de ahorro o abrir una cuenta en un banco de Estados Unidos.
El comercio electrónico permitirá las compras con tarjetas de crédito a una página de Internet, sin necesidad de salir de la casa, algo que en la actualidad no se puede hacer. Ningún banco presta el servicio de captura de pagos en línea con tarjetas de crédito.
Los miembros de la comisión de dictamen coinciden que la iniciativa está orientada a reactivar la economía, impulsar nuevos negocios y nuevos empleos.
Contratos de energía renovable
En la sesión de este martes, se aprobaron en tercer y último debate, contratos de energía eléctrica renovable como el de Chichayote, San Marcos de Colón para generar energía eólica.
Asimismo, se aprobó en último debate el contrato para el aprovechamiento de aguas nacionales mediante la perforación de pozos para la generación de energía termoeléctrica en Choloma, Cortés, suscrito entre la ENEE y la empresa BECO 60, así como el contrato para la generación, transmisión y comercialización de esa energía.
También se aprobaron en primero y segundo debate, varios contratos enviados por el Poder Ejecutivo para la generación de energía limpia en varios municipios del país como Choloma, Puerto Cortés, San Esteban y Dolores Merendón, Ocotepeque, así como para la consultoría propia sobre mitigación y adaptación al cambio climático y la construcción de dos puentes en el departamento de Olancho; uno en La Empalizada sobre el río Guayape y otro sobre el río Juticalpa.
Finalmente, en la sesión de este miércoles, el diputado nacionalista por Francisco Morazán, Wilmer Neal Velásquez, presentó una iniciativa orientada a que el Congreso Nacional, otorgue condecoración especial de mérito consistente en pergamino y medalla especial al atleta hondureño Rolando Palacios quien acaba de ganar medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se celebran en Veracruz, México y a quien también se le entregará en ceremonia solemne de la Cámara Legislativa, un reconocimiento económico de 60 mil lempiras.
La presidenta en funciones del Congreso Nacional, Gladys Aurora López, cerró la sesión y convocó a una nueva reunión mañana jueves a las 9:00 de la mañana.