CN aprueba decreto para beneficiar a vendedores de la Feria del Agricultor y el Artesano

Tegucigalpa, Honduras.

El Congreso Nacional aprobó con dispensa de dos debates y por unanimidad de votos, una iniciativa de ley presentada por el diputado nacionalista, Renán Inestroza, orientada a reformar el artículo uno del decreto 82-2011 tendiente a autorizar a la Procuraduría General de la República (PGR), para que comparezca ante un notario y realice bajo contrato de donación el traspaso de dominio a favor de la Asociación de Vendedores de la Feria Agropecuaria, Artesanal y de la Salud de dos inmuebles que se encuentran ubicados en la colonia Villanueva, sitio Carranza de la ciudad de Tegucigalpa.

En la aprobación de ese decreto, diputados de todas las bancadas felicitaron al diputado Inestroza por proponer una iniciativa con mucho contenido social, mientras que el presidente de la Cámara Legislativa, Mauricio Oliva, destacó que este Congreso Nacional y este gobierno han promovido una serie de medidas para apoyar al sector informal de la economía y puedan pasar al sector formal y mejorar su condición económica y social.

Asimismo, en la sesión de este miércoles, se aprobó en segundo debate Ley Especial para la Seguridad y la Prevención de la Violencia e Intolerancia en los Estadios de Fútbol, cuyo propósito es propiciar las condiciones de seguridad y prevenir actos violencia e intolerancia en los estadios.

El proyecto fue dictaminado por una comisión especial encabezada por el diputado Antonio Rivera Callejas, la que elaboró un solo dictamen de las iniciativas presentadas por los legisladores Ana Joselina Fortín, Edwin Pavón León y Nelson Abdalah, quienes retiraron sus proyectos y se adhirieron al dictamen,

Otro objetivo de la ley que tiene una opinión favorable de parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), es mantener la seguridad ciudadana y el orden público antes, durante y después de los espectáculos deportivos y es aplicable a personas naturales y jurídicas, organizadores de eventos deportivos y administradores de instalaciones deportivas para lo cual se establecen normas de conducta que deben ser observados de forma obligatoria y en su defecto aplicar las sanciones que se creen.

La ley que contiene 42 artículos, es aplicable a quienes ejecuten actos de violencia o que reflejen intolerancia en el fútbol, incluida cualquier forma de racismo y xenofobia.

Disposiciones

Algunas de las disposiciones establecidas en esa ley especial, incluye no permitir el empleo de menores en la venta de bebidas alcohólicas ni la venta y consumo de licor a menores de edad.

Ejercer control estricto sobre el ingreso de personas a la cancha pues solo debe permitirse al personal autorizado.

Impedir el ingreso, ya sean espectadores, directivos o vendedores en evidentemente en estado de ebriedad portando armas de cualquier naturaleza, objetos corto punzantes así como bengalas explosivos o en general objetos inflamables, fumíferos, corrosivos o cualquier otro que represente un peligro para la seguridad.

Promover el consumo moderado de bebidas alcohólicas en la pauta publicitaria de promoción del evento y dentro del recinto deportivo durante el encuentro; se permite únicamente la venta y consumo de bebidas de moderación, incluida la cerveza, siempre que su contenido sea inferior a un cinco por ciento en volumen. Las bebidas serán expendidas en vasos de cartón o de plástico.

Se plantea dotar de manera permanente o para el evento en la instalación deportiva de un sistema eficaz de comunicación con el público para transmitir los mensajes necesarios, separación de las barras, establecer por hora y portón el turno de entrada y salida de los aficionados a fin de evitar enfrentamientos y desordenes, señalar las vías de salida, diseñar cursos y talleres sobre educación para la paz y la no violencia en los estadios y zonas aledañas e igualmente campañas educativas y preventivas tendientes a evitar la violencia en los recintos por medio de la prensa, radio y televisión, escuelas y demás centros de enseñanza, así como la colaboración obligatoria de los clubes de fútbol de la Liga Nacional y sus patrocinadores.

Se contempla también la instalación de circuitos cerrados de televisión dentro de los estadios y en las afueras de las instalaciones deportivas para grabar el acceso y el aforo del Estadio así como detectores de metal.

Prohibiciones

Los organizadores del evento de fútbol podrán previo dictamen favorable de la Comisión Nacional para la Seguridad y la Prevención de la Violencia, restringir total o parcial la posesión, venta y consumo de bebidas alcohólicas en un evento deportivo determinado.

Además de no permitir el ingreso de personas en estado de ebriedad o bajo los efectos de drogas, así como con armas, se prohíbe la entrada de personas con disfraz, con pintura o cualquier otro atuendos que puedan dificultar su identificación e igualmente se prohíbe el ingreso de banderas, carteles y pancartas con textos, elementos gráficos, símbolos u otras señales que atenten contra la dignidad de la persona humana, la moral y las buenas costumbres.

En la ley se crea la Comisión Nacional para la Seguridad y la Prevención de la Violencia integrada por varias organizaciones y encabezada por la Policía Nacional y asimismo, se establece un libro de registro de los líderes de las barras incluidas sus direcciones y números de tarjeta de identidad.

Sanciones y multas

Para la aplicación de las penas se reforma por adición el artículo 27, capítulo dos del título cuarto del Código Penal vigente y donde las sanciones se dividen en infracciones leves y graves para los espectadores y otros asistentes así como los organizadores de eventos deportivos y administradores de estadios.

A la persona que cometa una infracción grave se le impondrá, dependiendo de la naturaleza de la gravedad, se le aplicará una multa de hasta tres salarios mínimos mensuales en la categoría más alta, prohibición de acceso a todos los estadios de fútbol del país por un período desde un año hasta cinco años.

De cuarenta 40 a 80 horas de trabajo comunitario relacionado con el espectáculo deportivo.

A la persona que cometa una infracción leve se le impondrá, dependiendo de la naturaleza de la infracción, una multa de hasta tres salarios mínimos mensuales en la categoría más baja, prohibición de acceso a todos los estadios del país por un período mínimo de seis meses y máximo de un año, 40 horas de trabajo comunitario relacionado con el espectáculo deportivo;

El infractor sancionado de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 anterior, deberá además publicar a su costa en los mismos medios que recogieron sus declaraciones incitando a la violencia o reflejando intolerancia y con la misma amplitud, la rectificación pública o anuncios que promocionen la deportividad y el juego limpio en el fútbol, en la cultura y en las artes, según lo disponga el órgano sancionatorio.

El infractor sancionado de conformidad con lo dispuesto en cualquiera de los dos numerales anteriores, según el caso, será suspendido del club u organización a la que pertenece por el tiempo que dure la prohibición de acceso a los estadios de fútbol.

Sin perjuicio de las sanciones dispuestas en la legislación vigente, en razón de que la acción cometida califique como delito o falta; las infracciones graves o leves descritas en esta ley, y cuya responsabilidad se adjudique a la persona natural o al representante legal de la persona jurídica organizadora o administradora de eventos de fútbol, se sancionan con una multa de 50 a 100 salarios mínimos mensuales en la categoría más alta, inhabilitación para promover, organizar y ejecutar espectáculos deportivos, de uno a dos años y clausura o cierre temporal del recinto deportivo, de seis meses a un año.

La persona natural o la persona jurídica (a través de su representante legal) organizadora o administradora, que incurra en una infracción leve se sanciona con multa de uno a cinco salarios mínimos mensuales en la categoría más alta, inhabilitación para promover, organizar y ejecutar espectáculos deportivos, hasta un máximo de seis meses y, clausura o cierre temporal del recinto deportivo, de dos a tres meses.

En ambos casos, siempre que se imponga la sanción de multa, se entenderá que el pago de la misma es responsabilidad de la persona jurídica en cuya representación actúa la persona natural.

Ratificación y software de la CNBS

En la sesión de este miércoles, la Cámara Legislativa ratificó la propuesta enviada por el Poder Ejecutivo para el nombramiento del nuevo director y director adjunto de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), cargos que recayeron en los profesionales Óscar Armando Vásquez Tercero como director nacional y César Augusto Díaz Ochoa como director adjunto.

En la sesión de este miércoles se aprobó en primer debate, el proyecto de decreto presentado por el diputado Mario Pérez tendiente a aprobar en todas y cada una de sus partes el adéndum número dos del contrato 03-LPN-02-2013, contentivo de la renovación de actualizaciones de licencia de software utilizados por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, suscrito con la empresa Sega de Honduras, representante de Microsoft por un monto de nueve millones de lempiras.

En la discusión participaron los ingenieros Manuel Luna y Luis Cáceres, técnicos de la CNBS, para explicar la finalidad del contrato para la actualización de licencias de los paquetes informáticos que utiliza esa comisión lo que permitirá a esa institución cumplir con su responsabilidad de velar por la estabilidad y solvencia de los sistemas financieros y de los demás supervisados, su regulación, supervisión y control.

Número de Emergencia

En la sesión de este miércoles se aprobó en último debate, desde el artículo seis al número 10 del proyecto de decreto enviado por el Poder Ejecutivo que contiene la Ley del Sistema Nacional de Emergencias 911 como un servicio público y de seguridad nacional responsable de la atención de las llamadas de emergencia dirigidas al número 911 realizadas por cualquier persona desde cualquier parte del territorio nacional que requiera seguridad, atención prioritaria, extinción de incendios, salvamento o protección civil, procurando dar respuesta inmediata coordinada y de calidad.

En el proyecto se establece que la operación del sistema nacional de emergencias 911, será financiada con los fondos de la Tasa de Seguridad, fondos municipales y transferencias nacionales y extranjeras.

El sistema se crea como un servicio público y de seguridad debidamente controlado por el Estado. Mediante este sistema, cualquier persona que requiera seguridad, atención prioritaria, extinción de incendios, salvamento o protección civil utilizará la línea del 911.

Con esta ley se reglamenta el procedimiento para la recepción de denuncias por parte de personas que enfrenten un peligro o denuncias una situación de inseguridad.

La ley contempla de tres a seis años de reclusión a quienes hagan llamadas falsas a esta línea. Además, se cargará en la factura o saldo disponible del usuario un costo equivalente del 500 por ciento del valor normal de la llamada.

En la lectura de correspondencia, se conoció la nota enviada por el Partido Anticorrupción (PAC), donde se comunica la decisión de nombrar al diputado Jaime Enrique Villegas como nuevo jefe de la bancada y a la diputada Ana Joselina Fortín como subjefa, quienes ya quedaron en posesión de sus cargos.

Otra comunicación recibida es la nota enviada a la secretaría por el diputado suplente por Atlántida del partido Libertad y Refundación (Libre), Noel Fernando Ponce Montiel quien solicita adherirse a la Bancada Independiente para lo cual se han dado instrucciones a la administración del Congreso Nacional para su nueva ubicación.

El presidente en funciones del Congreso Nacional, Antonio Rivera Callejas, suspendió la sesión y convocó a una nueva reunión mañana jueves a las 9:00 de la mañana.