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Tegucigalpa, Honduras.
El Congreso Nacional aprobó en tercer y último debate desde el artículo 24 hasta el 50 del decreto que contiene la Ley de Protección para los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, con una gran participación en el debate de los diputados de todas las bancadas.
El proyecto fue ampliamente consensuado con todos los sectores afectados con la ley por lo que la comisión dictaminadora ha hecho un buen trabajo y ahora el dictamen está en manos de todos los diputados que han tenido la oportunidad de estudiarlo bien.
El presidente de la comisión ordinaria de derechos humanos, Yuri Sabas, presentó una moción la semana pasada para sustituir el dictamen original por uno nuevo ya que el primer proyecto se tenían que modificar 53 artículos y se tornaba muy tedioso ir cambiando artículo por artículo.
Sabas destacó que es un tema que no se debe politizar por ni por la derecha ni por la izquierda por lo tanto el factor ideológico en esta ley no cabe.
La propuesta tiene una particularidad porque los mismos periodistas serán parte de la solución, al contar con un representante en el ente consultivo y que será vigilante que se presten las medidas de protección, junto al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).
La implementación de esta ley estará fundamentada en la Constitución de la República y la normativa internacional de los derechos humanos, en aplicación de los principios de buena fe, eficacia, idoneidad, coordinación, concurrencia, voluntariedad, exclusividad, complementariedad, prevención, temporalidad, causalidad, proporcionalidad, confidencialidad, igualdad y respeto.
En el estamento, se establece que toda autoridad civil, policial y militar, está obligada a proporcionar la información de forma expedita y brindar toda la colaboración requerida por parte de las diversas instancias encargadas del cumplimiento de la ley para la consecución de sus fines.
Consejo Nacional de Protección
En el decreto se crea el Consejo Nacional de Protección para los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de la Justicia, adscrito a la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización.
El consejo estará integrado por una persona representante propietaria y su suplente de las secretarías de Seguridad; Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización; Relaciones Exteriores; Comisionado Nacional de los Derechos Humanos; Ministerio Público; Poder Judicial; Procuraduría General de la República; Colegio de Abogados de Honduras; Colegio de Periodistas de Honduras, cinco representantes de las organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil.
Asimismo, se crean nuevas medidas de prevención, protección y medidas urgentes de protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas en situación de riesgo como consecuencia de la promoción y defensa de los derechos humanos.
Se crea también la Dirección General de Mecanismos de Protección y Análisis de Conflictos Sociales, que recibirá las denuncias de riesgo que se promuevan directamente ante la Dirección General de Mecanismos de Protección y Análisis de Conflictos Sociales de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización y tramitarla de conformidad con esta ley.
Las personas beneficiarias en la ley que se consideren víctimas de una situación de riesgo podrán denunciarlo ante cualquier autoridad competente. Dicha autoridad podrá diferir el caso ante la Secretaría de Seguridad o a la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización para que resuelvan lo pertinente.
La Dirección General de Mecanismos de Protección y Análisis de Conflictos Sociales podrá implementar medidas preventivas, de protección y medidas urgentes de protección, entre otras.
En casos de peligro grave o inminente, se podrá asignar equipo celular, radio o telefonía satelital, cámaras de video, cerraduras, luces y otras, en el lugar de trabajo o de residencia.
Además, chalecos antibalas, detector de metales, asignación de protección policial personal, de inmuebles y las necesarias para salvaguardar la vida.
En casos extremos, la instancia mencionada podrá determinar la evacuación inmediata, reubicación dentro o fuera de Honduras, ya sea definitiva o temporal, entre otras medidas.
Sobre el tema presupuestario, el diputado Yuri Sabas, explicó que en el Presupuesto General de la República de 2015, se asignó una partida a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización a fin de hacer funcional la ley.
Solidaridad
Al inicio de esta sesión se vivió un momento emotivo, cuando diputados hablando a nombre de sus bancadas manifestaron sus más profundas muestras de condolencia y solidaridad con la familia del abogado José Eduardo Gauggel Rivas y de su hijo José Eduardo Gauggel Medina, quien fungía como presidente de la comisión ordinaria de agricultura y ganadería del Congreso Nacional y quienes fueron asesinados el viernes pasado en San Pedro Sula.
La jefa de la bancada del Partido Nacional, Gabriela Núñez, leyó una conmovedora nota de dolor por la pérdida física, pero no el legado de ambos ciudadanos y confió en que no solamente habrá justicia divina sino la justicia del país.
Igualmente, se pronunciaron representantes de las otras bancadas como Fátima Mena del Partido Anticorrupción (PAC), Beatriz Valle y Elvia Argentina Valle de Libertad y Refundación (Libre), Gladys Aurora López y Oswaldo Ramos Soto del Partido Nacional, Eduardo Coto de la Democracia Cristiana y Boris Espinal del Partido Innovación Nacional y Unidad (Pinu), entre otros.
Asimismo, el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, lamentó y transmitió el más sentido pésame de parte de la Cámara Legislativa, por el reciente fallecimiento de la señora Ofelia Romero, madre del actual diputado liberal Walter Romero.
Oliva también leyó la exhortativa dirigida al Ministerio Público para que en el caso del asesinato de José Eduardo Gauggel Rivas y del diputado José Edgardo Gauggel Medina, se establezca la figura del juicio expedito y se aplique a los autores materiales o intelectuales la pena máxima consistente en cárcel de por vida.
La exhortativa también va dirigida a la Secretaría de Seguridad para que proceda con rapidez y capture a los demás implicados en el doble crimen.
Iniciativas del Ejecutivo
En la sesión de este martes, el prosecretario del Congreso Nacional, José Tomás Zambrano, leyó varias iniciativas enviadas para su aprobación por el Poder Ejecutivo como el contrato para la operación para la generación, transmisión y comercialización de energía eléctrica suscrito entre la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (Serna) y la sociedad Producciones de Energía Solar y Demás Renovables S.A de C.V, para operar el proyecto solar Nacaome II, ubicado en el municipio de Nacaome, Valle.
Otro proyecto se refiere a la aprobación del acuerdo 27-DGPC, referente al convenio relativo a la competencia, la vía aplicable, reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad y de medidas de protección a los niños.
También, el proyecto de decreto contentivo del acuerdo número 25-DGPC, referente al convenio sobre cobro y alimento para niños y otros miembros de la familia, enviado por la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional.
Se leyó además el proyecto de decreto del acuerdo 17-DGPC, contentivo del convenio entre Honduras y Argentina sobre el traslado de nacionales condenados en cumplimiento de sentencia penal.
Finalmente, se presentó el proyecto de decreto contentivo del convenio marco de gestión para la prestación de servicios de salud de segundo nivel entre la Secretaría de Salud y la Fundación de Apoyo al Hospital Leonardo Martínez Valenzuela de San Pedro Sula y un contrato de arrendamiento suscrito por la Procuraduría General de la República (PGR), con una empresa camaronera.